Golpe de la Fiscalía en el caso Sosa
Entra a fondo y propone desestimar la demanda del consejero tránsfuga al entender que no hay vulneración de sus derechos
El caso Sosa da un nuevo giro jurídico. Ahora la Fiscalía provincial de Las Palmas propone desestimar la demanda de Juan Manuel Sosa quién recurrió la expulsión del grupo de CC por transfugarse al Grupo de Gobierno liderado por el PSOE y su pase al grupo de los no adscritos. Esta decisión de la Fiscalía, quien ya entra en el fondo de la cuestión, es, sin duda un revés para Juan Manuel Sosa, y para la propia presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, que hoy mismo, casi un mes después de dictarse el auto que estimaba la demanda del consejero tránsfuga, lo daba a conocer al Pleno. Dolores Corujo señaló en ese pleno celebrado a las 9 de la mañana que Juan Manuel Sosa recuperaba plenamente todos sus derechos políticos hasta que los tribunales de Justicia entren en el fondo de la demanda y confirmen, o no, que el consejero fue bien expulsado del Grupo de CC y que el secretario del Cabildo acertó al enviarlo al Grupo de los no adscritos, donde terminan los tránsfugas.
Ayer por la noche, precisamente, CC envió un escrito donde daba a conocer el pronunciamiento de la Fiscalía que señala desestimar la demanda del consejero tránsfuga, Juan Manuel Sosa, al considerar que la toma de conocimiento de su expulsión no vulnera los derechos fundamentales invocados.
Cómo se recordará Juan Manuel Sosa presentó una demanda contra el Cabildo por supuesta vulneración de derechos fundamentales, solicitando la suspensión cautelar primero y la anulación después, del acto administrativo de toma de conocimiento por el Pleno, del informe del secretario que dictaminó su pase a la condición de “no adscrito”.
Lo sorprendente y aún no explicado, señala el portavoz de CC, Pedro San Ginés, “fue por qué la presidenta, en lugar defender con los propios servicios jurídicos del Cabildo sus actos como demandado, contrató al abogado externo Agustín Domingo Acosta para dar la razón al demandante y ‘no oponerse’ (según reza en auto judicial), siendo esta la razón principal por la que entiendo que el Juzgado accedió a la adopción de la medida cautelar, amén del informe de Fiscalía, entonces también favorable a la adopción de la medida”.
Sin embargo, apunta el consejero nacionalista, “hoy he tenido conocimiento de que la Fiscalía Provincial de las Palmas ha respondido ya al fondo de la cuestión a requerimiento del Juzgado, con un informe que concluye con la propuesta de desestimación de la demanda, por considerar que no se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales invocados”. (Se adjunta informe íntegro aquí)
Según se extracta del informe de Fiscalía: “La sola expulsión producto de una sanción disciplinaria no puede ser objeto de reproche en la vertiente del derecho fundamental invocado (…)”. “No habiendo advertido en el caso que nos ocupa, conexión entre el derecho de representación y el proceso disciplinario (…).
Y añade: “(…) nuestra posición, más allá de la prudencia que sostuvimos en la pieza de medidas cautelares, es que el supuesto descrito en el recurso no ha visto afectado el derecho de representación del solicitante (…) no apreciamos arbitrariedad en la decisión de expulsión (…) por tanto, el proceso de expulsión parece correcto…”.
Y concluye “por todo lo expuesto consideramos que, no habiéndose producido vulneración del derecho fundamental de representación, la demanda debe ser desestimada…”
Ahora se da la paradoja que mientras la presidencia del Cabildo señaló hoy que Sosa recupera todos sus derechos políticos como consejero, CC daba a conocer el pronunciamiento de la Fiscalía que apoya las tesis nacionalistas de que el consejero tránsfuga no vio vulnerados sus derechos constitucionales cuando fue expulsado del grupo nacionalista ni cuando el secretario lo envió al grupo de los no adscritos.
En cualquier caso, algunas fuentes señalan que el PSOE juega con la estrategia de que el tiempo juega a su favor, dado que hasta que el juez desestime la demanda de Sosa puede pasar unos meses y que, en el peor de los casos, cuando confirmen sus transfuguismo ya habrá acabado el tortuoso caso Sosa. Es cierto, que luego puede haber un problema personal para Sosa si finalmente CC denuncia en los tribunales, como parece que va a hacer, que el transfugado ha cobrado ilegalmente su sueldo de médico durante dos años, cuando perdió la condición de portavoz de los nacionalistas y se pasó al grupo de gobierno.
