Inalsa recurrirá el embargo de los bienes personales de los 17 últimos políticos que la administraron

Lo ha anunciado el abogado de la empresa en el proceso concursal

. Además, ha detallado que el valor de lo embargado es de 3,8 millones de euros más el déficit del 2008

Lancelot Digital

Inalsa recurrirá el auto que ordena el embargo judicial de los bienes personales de las 17 personas que integraron sus dos últimos consejos de administración, antes de que se iniciara el proceso concursal. Así lo ha anunciado este lunes el abogado de la empresa pública de aguas en dicho concurso judicial, Ignacio Calatayud, en el programa ‘Café de periodistas’ de Lancelot Televisión.
Calatayud considera que en la vista que derivó en dicho auto de embargo, “no se logró probar determinado daño que fuera responsabilidad de los administradores”, por lo que confía que el recurso que presentará próximamente en representación de Inalsa como deudora en el proceso concursal, prosperará.
El abogado ha explicado que para el embargo de los bienes de los administradores, debe registrarse una de las tres posibles siguientes situaciones: que Inalsa sea liquidada como empresa, que su activo sea inferior que su pasivo, o que se determinen responsabilidades individuales por conductas que hayan causado un daño a la empresa. Y según Calatayud, no se da ninguno de esos tres postulados.
Al respecto, sobre la posible liquidación de la empresa, ha señalado que es “aventurado” asegurar que eso va a ocurrir, porque es posible llegar a un acuerdo con los acreedores. Sobre un posible patrimonio neto negativo, ha puntualizado que el informe de la propia administración concursal de enero de 2010 señala que el activo de Inalsa es de 55 millones de euros, y el pasivo, es decir, su deuda, 44 millones de euros. Y sobre las posibles acciones individuales de los administradores que hayan dañado la empresa, ha aseverado que no ha quedado acreditada ninguna.
No obstante, Calatayud ha explicado que “el juez de la concursal considera que los administradores ‘inflaron’ los activos de Inalsa, y los reduce”, y ese es uno de los ejes de su argumentación. El abogado de Inalsa ha señalado por otra parte que “resulta improbable” que los integrantes de los últimos consejos de administración de la empresa “se dedicaran a vender bienes para reducir el patrimonio” de la empresa y sea declarada insolvente.

“Indefensión”
Ignacio Calatayud ha manifestado además que se creó una situación de “indefensión” para los políticos sobre los que finalmente el juez estableció el embargo, ya que en su solicitud al respecto, los administradores concursales no establecían una cuantía, sino “lo que el juez considerase”.
No obstante, y aún con la presentación del anunciado recurso, “la sentencia va a ser efectiva” al menos hasta que el mismo se resuelva, ha explicado el abogado, puntualizando no obstante que se trata de un “embargo provisional”, ya que para que sea definitivo, primero debe producirse la liquidación de Inalsa, y después, el juicio donde se determinen dichos embargos.
Ese embargo a los ex integrantes de los dos últimos consejos de administración de Inalsa pueden afectar a sus cuentas personales, en caso de que no tengan bienes suficientes para responder por el valor que sea fijado, ha explicado Calatayud.
En cualquier caso, el embargo es “una medida cautelar solidaria”, por lo que no necesariamente los 17 ex consejeros van a sufrir embargos, ya que “si por ejemplo se embargan tres fincas y ya se alcanza el total estipulado, no se siguen embargando bienes de otros, a no ser que quienes sufrieran esos embargos lo pidieran”, ha explicado Calatayud. Así, los embargos “serán aleatorios, a no ser que los administradores concursales lo decidan con el juez”.

Posible acuerdo
En cualquier caso, “si finalmente inalsa llegase a un acuerdo con los acreedores”, no se exigirán responsabilidades a sus ex consejeros, según el abogado, quien además cree que es muy factible que ello ocurra. Y es que los acreedores “han manifestado la voluntad de llegar a un acuerdo”, y también Inalsa, pero con “una quita y una espera”, es decir, con una reducción de la deuda que se demanda, y varios años de plazo para cancelarla.
Calatayud cree que los acreedores terminarán aceptando esa “quita y espera”, porque la otra única opción que en su opinión tienen es la liquidación de la empresa, en cuyo caso “me gustaría saber cómo van a cobrar”.
El abogado de Inalsa ha considerado además que la actitud de los acreedores al personarse también en la solicitud de embargo a la que el juez ha dado curso, “es una medida de presión y una cuestión psicológica para que en esta fase de negociación su posición sea más ventajosa”.

El embargo, en números
Ignacio Calatayud ha detallado que el auto de embargo de los bienes de los 17 ex consejeros emitido por el juez es de 1.900.000 euros para los integrantes del penúltimo consejo de administración, y de 1.900.000 más el déficit de Inalsa a lo largo del año 2008 para los del último consejo.
Los ex consejeros de Inalsa sobre los que se ha decretado el embargo judicial son Manuela Armas, Enrique Pérez Parrilla, Carlos Espino, Manuel Fajardo, Inés Rojas, Mario Pérez, José Torres Stinga, Sergio Machín, Plácida Guerra, José Dimas Martín, José Juan Cruz, Juan Félix Eugenio, Antonio Barambio, Aquilino Romero, Jesús Rodríguez, Feliciano Díaz y Rafael Martín.

Primera fase, casi finalizada
Inalsa se encuentra intervenida judicialmente desde el 1 de junio de 2009. En el marco de ese proceso concursal, “ya está casi concluida la primera fase”, según ha explicado Calatayud, en la que se establece “cuánto se debe y cuánto hay para pagar”.
En ese sentido, ha puntualizado que ya ha quedado establecido que la deuda es, al 1 de junio de 2009, de 44 millones de euros, mientras que sobre los activos puede haber discrepancia entre las partes, aunque los administradores concursales lo han establecido en 55 millones de euros, y “los acreedores no lo han impugnado”.