José Antonio Valbuena: “Esperamos que el PORN esté aprobado a comienzos de 2022”
El consejero de Transición Ecológica y Territorio asegura que es preciso compatibilizar la protección de La Graciosa con la vida diaria y el bienestar de sus vecinos
- El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del llamado Archipiélago Chinijo y Risco de Famara se encuentra en fase de borrador. ¿Cuándo será aprobado de manera definitiva?
-El pasado 4 de junio se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la Resolución de 30 de mayo de 2021 por la que formula y toma conocimiento del borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Archipiélago Chinijo (Lanzarote) y se somete por período de dos meses a consulta interadministrativa y a información pública. En nuestra programación teníamos previsto aprobarlo definitivamente con el cierre de este año. Con las dificultades que todos hemos pasado, especialmente en 2020, es posible que algo nos retrasemos, pero esperamos que esa aprobación tenga lugar en los primeros meses de 2022.
- Usted vino a presentarlo a las instituciones, ¿hay peticiones de cambios importantes al documento, como cuáles?
-Lo hemos presentado al Cabildo de Lanzarote, como órgano gestor de los espacios naturales protegidos, y a los ayuntamientos de Teguise y Haría, en cuyos términos municipales se sitúa el Archipiélago Chinijo. Con estas administraciones aún no hemos iniciado el análisis de las propuestas contenidas en el PORN. Eso empieza ahora en el período de consultas, que es simultáneo al de información pública. Procesos en los que vamos a intensificar la coordinación y cooperación administrativa y que servirán para enriquecer el documento.
- El PORN es importante, pero lo es más el Plan Rector de Uso y Gestión del espacio natural. ¿Para cuándo está previsto?
-Las competencias para redactar y aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión corresponden al Cabildo de Lanzarote. En la medida de nuestras posibilidades vamos a colaborar y cooperar con la Administración insular para que también el Plan Rector de Uso y Gestión sea una realidad. Pero antes que los usos hay que marcar las medidas para defender la naturaleza de los nuevos usos en esos espacios. Una vez protegida la naturaleza, vamos a empezar a ver qué podemos hacer dentro de esa naturaleza, sin afectarla de manera agresiva, es decir, el uso y gestión, el PRUG, que fue lo que tumbó la Justicia.
- ¿No cree que es un fracaso que se lleve más de una década intentando aprobar un documento tan importante para el futuro de ese espacio natural?
-El Plan Rector de Uso y Gestión ha estado en vigor desde 2006, año de su aprobación, hasta finales de 2018 en que la extinta Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, tomó conocimiento y ejecutó la sentencia del Tribunal Supremo de 2017, que ratificó otra del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2016, por la que se anulaba su aprobación. Como consecuencia, se dejó sin vigencia la declaración del espacio natural porque, precisamente, de acuerdo con la legislación estatal, no era posible aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión, como se hizo en 2006, sin la preceptiva aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Esta situación nos la encontramos cuando llegamos al Gobierno y empezamos a trabajar rápidamente para solucionarla. Ahora estamos en la vía de su resolución.
- ¿Usted es partidario de permitir ciertas actividades en esos espacios que permitan el desarrollo de las poblaciones asentadas, como por ejemplo La Graciosa?
-Los Parques Naturales, por definición legal, son espacios amplios, no transformados sensiblemente por la ocupación humana, en los que no tienen cabida los usos residenciales u otros ajenos a sus fines de conservación. Sin embargo, nuestra propia legislación permite en el caso del Archipiélago Chinijo que se exceptúen de esta consideración los núcleos de población que forman parte del mismo, como Caleta del Sebo o Caleta de Famara, por poner dos ejemplos. La riqueza de la flora y fauna del privilegiado hábitat de este espacio no debe verse alterada por sus habitantes, a los que, sin embargo, hemos de tener en cuenta en sus aspiraciones de vida, pero compatibilizando sus acciones con el frágil medio en que se hallan. En definitiva, se trata de favorecer la convivencia salvaguardando la conservación del espacio.
- ¿Existe en el Gobierno de Canarias una cierta preocupación por la situación de La Graciosa, su capacidad de carga y el volumen de sus habitantes?
En todo el ámbito del Archipiélago Chinijo, y especialmente en La Graciosa, está planteada la problemática que se deriva de la presencia de sus habitantes y de quienes la visitamos. Aspectos como la capacidad de carga, la actividad turística, el senderismo, la movilidad en vehículos, el excursionismo, la pesca recreativa y las actividades recreativas, entre otras, tendrán que ser abordados en el marco general del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el pormenorizado del Plan Rector de Uso y Gestión, teniendo en cuenta que esa actividad humana se desarrolla en un escenario de extraordinarios valores naturales. También abordaremos esta problemática en la futura Ley de Biodiversidad en la que trabaja esta Consejería, con el objetivo de proteger y preservar el patrimonio de este tipo de espacios naturales.
- ¿Usted prohibiría el uso del coche en la octava isla?
-Eso lo veremos en el curso del debate que se suscite en la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y del Plan Rector de Uso y Gestión. No quiero aventurarme con una opinión personal, porque ese marco que he señalado es en el que se debe debatir y resolver este asunto. En todo caso, me parece evidente que, si no se prohíbe el coche, su uso no puede darse en las mismas condiciones que en otros núcleos poblacionales que no son parque natural.
- ¿Cree que no sería una mala idea negociar con la propiedad de Alegranza su adquisición? Ya fue el objetivo de otros gobiernos socialistas.
-Sería magnífico que el Gobierno de Canarias pudiera adquirir Alegranza, pero no lo tenemos ahora como una prioridad máxima. No lo descartamos, aunque ahora estamos centrados en dotar de la máxima protección al Archipiélago Chinijo una vez que los tribunales de justicia, como señalé anteriormente, determinaron en 2017 que la declaración del espacio había perdido su eficacia y vigencia.
-¿Qué va a suponer para las islas que Costas transfiera a Canarias las competencias sobre el litoral?
-La principal diferencia será la cercanía, ya que lo gestionará una administración que será más conocedora del terreno, más consciente de la fragilidad de nuestras costas, de los valores que encierra nuestro litoral y, por lo tanto, podremos garantizar un mayor detalle a la hora de aplicar la Ley de Costas, que es la misma, porque la ley no cambia. Aquellos que piensen que porque la administración canaria va a ser la gestora de las competencias de Costas se va a tener una mayor flexibilidad para poder autorizar ocupaciones de la misma, están equivocados. Es una ley que protege mucho nuestros espacios, nuestros litorales y lo que haremos desde Canarias es tener una mayor sensibilidad e intentar agilizar la resolución de los expedientes.
-¿Qué les diría a los que aseguran que son unas transferencias descafeinadas? ¿Qué se va a poder hacer a efectos prácticos?
-Es cierto que no es una transferencia al 100% porque en este caso hay una serie de competencias que seguirán en manos del Estado, tanto aquí como en cualquier otra comunidad que ya tiene su transferencia realizada. Pero es verdad que en un territorio como Canarias donde el mar es fundamental, y es muy importante la interfaz de conexión entre el mar y la tierra, que es la costa, sus competencias deben de residir en la administración autonómica, pero en base a la misma legislación. Lo que cambia fundamentalmente es que podremos hacer una gestión más directa de los expedientes. Nuestro espíritu a la hora de asumir esas competencias es un espíritu de protección, no de invasión como algunos quieren hacer entender.
-¿En qué situación se encuentra la ley del cambio climático de Canarias? ¿En qué incidirá?
-El pasado 23 de junio el Consejo de Gobierno aprobó elevar el proyecto de ley al Consejo Consultivo. Eso supone que, una vez tenga el dictamen favorable de este órgano, volverá al Consejo de Gobierno para su última aprobación y posterior remisión al Parlamento de Canarias, para su tramitación correspondiente como proyecto de ley. Esta será una ley muy importante para Canarias, ya que supondrá un cambio de modelo y establecerá obligaciones tanto para el ámbito privado como para el público en sintonía con la normativa europea de acción climática y la Ley estatal de Cambio Climático, aprobada este mismo año. En ella se recoge un conjunto de medidas para garantizar el balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción progresiva de los combustibles fósiles y un modelo energético basado en las energías renovables. Además, se contemplan medidas específicas para todos los ámbitos de actividad: administraciones públicas, turismo, transporte, sector primario, sanidad, urbanismo, industria, hostelería o seguridad.
-La sostenibilidad es bandera de su Gobierno, a veces resulta difícil aplicarla en unas islas tan antropizadas por el turismo, ¿o no?
-No podemos negar que el turismo es el principal motor económico de Canarias, así que nuestra apuesta no puede ser posicionarnos en contra de este sector, sino la de transformar esta importante actividad económica y sumarla a la sostenibilidad. En este sentido, la pandemia y los fondos para paliar sus efectos económicos nos han dado la oportunidad de apostar por un turismo inteligente, sostenible, autosuficiente y que se decante por la economía circular. El sector turístico está altamente sensibilizado en descarbonizar su industria y, por tanto, está pidiendo apoyo y acompañamiento por parte de la Administración. El problema no es concienciar a este sector, porque ya tiene un camino recorrido en este sentido, y en algunos aspectos mucho más que las propias administraciones. Tenemos que acompañarlos de manera potente e importante, en esta transición energética que estamos abordando. Hay que asumir que Canarias depende del turismo los 12 meses del año y lo que se trata es de acompañarlos hacia la generación de un modelo de turismo sostenible.
- La apuesta por las energías alternativas siempre aparece en los programas de los partidos políticos. ¿Qué actuaciones se realizan desde el Gobierno para mejorar su implantación en las islas?
-El modelo distribuido y descentralizado de transición energética de este Gobierno apunta a que, en 2030, con un 62 por ciento de producción a partir de energías renovables y sistemas de almacenamiento, las energías térmicas ya serán elemento de respaldo, no protagonista. La demanda energética de las administraciones públicas supone en Canarias el 18 por ciento del total y la idea es que todos los edificios públicos sean eficientes energéticamente y se doten de instalaciones fotovoltaicas, para lo que se destinarán fondos europeos. El plan del Gobierno es que los consiguientes ahorros en la factura eléctrica de las administraciones se destinen a subvencionar el autoconsumo entre los ciudadanos que no pueden afrontar ese gasto por sí mismos. Con ello, se produce un efecto multiplicador de las ayudas europeas, ya no solo desde el punto de vista de la descarbonización y la eficiencia, sino también social, al contribuir a la lucha contra la pobreza energética. Además, pondremos en marcha un paquete de medidas para para facilitar la movilidad eléctrica, reduciendo el diferencial entre el coste de los vehículos eléctricos y los de combustión interna y también estimularemos la creación de comunidades energéticas, para que los usuarios sean los propios generadores de energía. Con todas estas medidas conseguiremos que las islas alcancen la descarbonización en 2040.
