La ASCAV cree que el Decreto del Vacacional gubernamental podría expulsar al 90% de los propietarios

Las asociaciones califican la norma de “ilegal” y “contraria al derecho europeo”

La Asociación Canaria de la Vivienda Vacacional cree que el gobierno de la nación que preside Pedro Sánchez impone ahora una segunda obligación de inscripción en el registro de las licencias de apartamentos vacacional, entendiendo que ya están registrados ante el Gobierno de Canaria con licencia turística.

Este doble y excesivamente exigente registro podría dejar a una gran mayoría de propietarios fuera del negocio, tal y como asegura la presidenta de la ASCAV, Doris Borrego.


En cuanto a la Ley de vivienda vacacional del Gobierno de Canarias, la Ascav cree que no será aprobada antes del verano ante la elevada cifra de alegaciones recibida por los afectados.


Borrego recordaba que en Canarias no solo se paga el vacacional a través del IRPF sino que desde 2017 se abona el impuesto indirecto canario del IGIC.

Lo cierto es que la movilización del sector ha alcanzado proporciones inéditas, con miles de correos electrónicos enviados estos días a diversos Ministerios y portavoces del Congreso solicitando la paralización inmediata de una norma que, según las asociaciones, no solo contraviene el Reglamento Europeo 2024/1028, sino que concentrará la actividad turística aún más en manos de grandes tenedores patrimoniales, fondos de inversión y grupos hoteleros que se están apropiando del sector. “En ningún caso estamos contra la ventanilla única, pero sí contra la forma en que el Gobierno lo ha legislado”, explican los representantes sectoriales, que ponen en pie de guerra a los propietarios particulares contra un decreto que “pretende establecer un segundo registro de las viviendas en el Registro de la Propiedad”.

La consecuencia más dramática del decreto será la exclusión masiva de propietarios del mercado. “Un 90% de las viviendas vacacionales que actualmente se comercializan, pese a disponer del correspondiente título habilitante presentado ante el gobierno autonómico correspondiente, van a quedar excluidas”, advierten las asociaciones.

Esta expulsión masiva “dejará en manos de los grandes tenedores la actividad de la vivienda vacacional, quebrantando el objetivo de redistribución de la riqueza que deja el turismo en nuestro país”. El impacto será especialmente severo en zonas rurales y para familias que dependen de estos ingresos como complemento económico.

Lejos de oponerse al concepto de ventanilla única, las asociaciones proponen una solución que respetaría tanto el ordenamiento jurídico español como el europeo. “El Real Decreto debió crear la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos e interconectar los registros turísticos autonómicos”, que son los competentes en esta materia.

La propuesta se basa en el principio de interoperabilidad de las Administraciones Públicas, “creando una 'pasarela' entre los registros autonómicos y la ventanilla, a fin de que en esta se vuelquen los datos que constan inscritos en aquellos registros”.

Con esta solución “se garantizaría la correcta aplicación del Reglamento (UE) 2024/1028 y se respetarían las competencias de las Comunidades Autónomas”, evitando la duplicidad registral que prohíbe expresamente la normativa europea. 

La movilización del sector refleja la gravedad de una situación que afectará a cientos de miles de propietarios particulares que han encontrado en el alquiler vacacional una fuente de ingresos complementaria. Las asociaciones consideran que estamos ante “la mayor expulsión de pequeños propietarios de la historia del sector turístico español”.

Por otra parte, rechazan además el IVA del 21%, que consideran absolutamente discriminatorio en comparación con otros alojamientos en España y solicitan que se equipare al resto del sector alojativo.

Los representantes del sector han identificado múltiples vulneraciones legales en el Real Decreto que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2025. Entre las principales irregularidades detectadas destacan la falta de competencia del Estado para establecer un procedimiento de registro único ya regulado por la Comisión Europea, y la vulneración de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en materia de viviendas turísticas. La norma también vulnera el principio de reserva de Ley al imponer obligaciones a arrendadores y plataformas sin amparo en norma de rango legal, altera el régimen de funcionamiento del Registro de la Propiedad contemplado en la Ley Hipotecaria, y quebranta el principio de voluntariedad de la inscripción registral al imponerla obligatoriamente para el alquiler temporal.

A partir del 1 de julio de 2025, obtener el número de inscripción en el Registro de la Propiedad será obligatorio para comercializar viviendas vacacionales a través de plataformas digitales, lo que tendrá “nefastas repercusiones para las economías familiares”, según advierten las asociaciones.

Los costes del proceso resultan especialmente gravosos. Un propietario de una vivienda no inscrita que desee obtener el número para alquilar temporalmente su inmueble deberá proceder primero a la inscripción, “con un gasto económico que supone más de 3.000 euros en la mayoría de los casos” entre notaría, registro y otros gastos.

La Comisión Europea confirma la ilegalidad

La gravedad de la situación ha trascendido las fronteras nacionales. En una reunión de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV en marzo de este año mantenida con la Comisión Europea, tras la denuncia presentada contra el Real Decreto por contravenir el Reglamento (UE) 2024/1028, “la Comisión puso de manifiesto la clara ilegalidad en la que incurre la norma española por exigir un doble registro para el arrendamiento temporal de viviendas turísticas, en contra de lo previsto por la norma europea”.

Esta confirmación europea refuerza la posición de las asociaciones, que han interpuesto ya “tres recursos ante el Tribunal Supremo” contra un decreto que consideran contrario al principio de simplificación de cargas que debería regir la ventanilla única. 

El Real Decreto 1312/2024 “incurre en serias dudas de legalidad” y, según las asociaciones, es “contrario al principio de simplificación de cargas” que debería caracterizar una verdadera ventanilla única. La batalla legal continuará en los tribunales, mientras el sector confía en que prevalezca una regulación que respete tanto el derecho europeo como la realidad socioeconómica de miles de familias españolas. 

El próximo 1 de julio de 2025 marcará un antes y un después para el sector de las viviendas turísticas en España, en lo que las asociaciones consideran una fecha límite para evitar una hecatombe regulatoria sin precedentes.