La Audiencia Nacional rechaza extraditar a un presunto organizador de pateras detenido en Arrecife
La Justicia marroquí contempla hasta 20 años de cárcel, pero las penas españolas no alcanzan el mínimo exigido
- Lancelot Digital
La Audiencia Nacional ha denegado la extradición a Marruecos de un ciudadano marroquí detenido en Arrecife y reclamado por las autoridades de su país por su presunta participación en la organización de viajes irregulares en patera. La decisión responde a que las penas previstas en España para el delito considerado equivalente no alcanzan el mínimo de dos años de prisión exigido por el convenio bilateral de extradición.
Según el auto judicial dado a conocer por el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, Marruecos reclamaba al investigado por un presunto delito de organización y facilitación de salidas irregulares de personas en el marco de una estructura delictiva, castigado en ese país con hasta 20 años de cárcel.
La orden internacional de detención fue emitida el 4 de julio de 2024 por las autoridades judiciales marroquíes. El procedimiento de extradición se inició en noviembre de 2025, tras una comunicación de Interpol sobre la detención del reclamado en Arrecife por agentes de la Policía Local.
El hombre quedó en libertad tras pasar a disposición judicial.
La diferencia de penas impide la extradición
Tanto el Ministerio Fiscal como la defensa solicitaron que se rechazara la entrega al considerar que no se cumplía el requisito de gravedad penal establecido en el convenio entre España y Marruecos.
En concreto, el artículo 318 bis.1 del Código Penal español contempla multas de tres a doce meses o penas de prisión de tres meses a un año para determinadas conductas de ayuda a la entrada irregular de extranjeros. Si existe ánimo de lucro, la pena se impone en su mitad superior.
La Audiencia Nacional aceptó este argumento y denegó la extradición mediante un auto dictado a finales de octubre.
Tras conocer la resolución, Yonathan de León ha reclamado al próximo Gobierno de España una modificación del Código Penal que permita endurecer las penas relacionadas con la organización de viajes irregulares en patera.
El alcalde también ha recordado el caso de tres presuntos agresores sexuales de una mujer durante una travesía hacia Canarias, cuya situación judicial estuvo condicionada por los límites de la jurisdicción española sobre hechos cometidos en aguas internacionales.
De León considera necesario revisar la legislación para facilitar la persecución de las redes que organizan estos desplazamientos y evitar que las diferencias entre las penas previstas en ambos países impidan determinadas extradiciones.
