La "bomba" del caso Koldo llega a Canarias
Clavijo ha ordenado investigar las compras de mascarillas en la época de su antecesor con la empresa vinculada al exasesor de Ábalos
- Lancelot Digital
Los efectos de la bomba política que estallaba ayer en España, el llamado caso Koldo, exasesor del que fuera ministro de Transportes y Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha llegado a Canarias.
El ejecutivo que preside el nacionalista, Fernando Clavijo, ha ordenado investigar las relaciones comerciales que tuvo la empresa Soluciones de Gestión y Apoyos a Empresas S.L. con el gobierno socialista de Ángel Víctor Torres.
Esa empresa a la que se le acusa de obtener 10 millones de euros de beneficios y de pagar supuestas comisiones millonarias al hombre de confianza de Ábalos en aquel entonces, Koldo García, adquirió unos 50 millones de euros en material sanitario, casi 7 millones de esa cantidad fue adquirida por Gobierno Canarias en plena pandemia.
La secretaria de Organización del Psoe en Canarias, Nira Fierro, desvincula a los socialistas de cualquier irregularidad y anuncia que apoyará la investigación judicial.
La Audiencia Nacional a través de la UCO de la Guardia Civil investiga si esa empresa utilizó al exasesor de Ábalo como conseguidor para que instituciones gobernadas por el Psoe, como el Ministerio del Interior, el de Transporte o los gobiernos de Baleares o Canarias adquirieran mascarillas por un precio por encima del mercado La teoría en la que trabaja la Guardia Civil es que esa empresa fue utilizada por la mano derecha de Ábalos para obtener ilegalmente dinero en comisiones pagadas en efectivo cometiendo posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho, entre otros.
A los investigadores les ha llamado la atención que tras el cese fulminante de Ábalos como Ministro de Transporte, esa empresa dejó de facturar para el Gobierno de Sánchez y para Canarias y Baleares, gobernadas por socialistas.
En esta operación han sido detenido una veintena de personas y se han realizado múltiples registros en casas y oficinas de los presuntamente implicados en esta trama corrupta.
Ya hace casi dos años en Canarias también le explotaba al gobierno de Ángel Víctor Torres otra denuncia por la compra de mascarillas donde el Servicio Canario de Salud se gastó cuatro millones de euros en mascarillas que nunca se utilizaron.
