La broma de Meca le puede salir muy cara en el juicio contra San Ginés
El exconsejero de Podemos y sus dos compañeros tendrán que abonar cuando sea firme la sentencia más de 60 mil euros en costas
- Lancelot Digital
La broma de la famosa denuncia de Carlos Meca y dos consejeros más de Podemos, como acusación popular, contra Pedro San Ginés, por el caso de la incautación de la desaladora de Club Lanzarote en Playa Blanca, le puede salir muy cara a los denunciantes.
Tras la decisión conocida ayer martes, 21, de condenar la jueza en costas a los denunciantes, estos ahora tendrán que hacer frente a los costes de los tres abogados de la defensa y los tres procuradores de los acusados en este largo proceso judicial. Fuente cercanas a la abogacía calculan que puede rondar o acercarse por lo menos a los 60.000 euros que tendrá que pagar de su bolsillo Carlos Meca, Pablo Ramírez y Plácida Martín, por una denuncia con claros tintes políticos donde se trataba de inhabilitar a uno de los activos electorales más importantes de CC, Pedro San Ginés, según la versión de los nacionalistas.
Otra consecuencia de esa sentencia favorable al expresidente del Cabildo, así como al exsecretario de esa institución Francisco Perdomo, y a Juan Hernández Duchemín, gerente del Consejo Insular del Agua, es que la Jueza al condenar en costas a los que fueron consejeros de Podemos ha ahorrado ese dinero al Cabildo de Lanzarote, que hubiera sido el pagador de las costas si no hubieran salido absueltos, como así resultó finalmente.
Hay que recordar que la jueza del Juzgado de lo Penal justifica la condena en costas a los denunciantes al entender que hubo mala fe o temeridad al presentarse como acusación popular.
Este caso, que muchos juristas entienden que nunca debió llegar a juicio, la Fiscalía pidió tanto en el proceso de instrucción como en el juicio oral la libre absolución de los tres acusados y la parte perjudicada, Club Lanzarote, había retirado la querella por prevaricación y coacciones que inicialmente habían presentado al sentirse perjudicado por la incautación de sus desaladoras por vender de manera irregular aguas a terceros y más cara de lo que lo hacía el Consorcio del Agua de Lanzarote.
La empresa perjudicada llegaba a un acuerdo con el Cabildo mediante el cual se comprometía a poner a sus usuarios las mismas tarifas que tenía Canal Gestión y además entregaba en concepto de tasas 400 mil euros al Consorcio del Agua, para abaratar el agua al sector primario (agricultores).
En definitiva, que más allá de la incautación de la desaladora privada, todo salió mejor y solo fueron consecuencias benefactoras para el interés general, que fue lo que siempre intentó el Cabildo presidido por San Ginés.
De ahí que por eso chirrío siempre el interés de los entonces consejeros de Podemos de ponerse de parte del interés de la empresa privada, que había cometido varias irregularidades, lugar de favorecer el interés público del Cabildo de corregir esos perjuicios a unos cinco mil usuarios que pagaban más caro el metro cúbico que el resto de los ciudadanos de la isla.
