La Construcción pide agilidad para construir nuevas viviendas en Canarias

Salud Gil exige al gobierno que agilice los procedimientos para construir 3.000 viviendas en Canarias

La tensa situación del Instituto Canario de la Vivienda, donde se denuncia desde pleitos entre el personal laboral, bajas laborales por depresión y falta de eficacia de ese organismo desde hace años, preocupa al sector de la construcción de las islas, sobre todo en unos momentos donde el Gobierno y los agentes sociales tratan de agilizar las construcción de viviendas tras el Decreto de Medidas Urgentes para atacar las crisis habitacional que sufre el archipiélago.

Así lo puso de manifiesto María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción en las islas orientales, en Café de Periodistas quién exige al gobierno canario mayor eficiencia. “La noticia de la fuga de personal del Instituto Canario de la Vivienda nos ha preocupado muchísimo porque si, ya antes las cosas no funcionaba, si las cosas empeoran será mucho peor”, explica.  

María de la Salud reconoce que más allá de las denuncias periodísticas que se conocen sobre el ICAVI , señala que por desgracia nunca ha funcionado bien. “Nunca ha funcionado, pero como otras muchas administraciones. Los fondos europeos en materia de eficiencia energética, no se están gestionando adecuadamente. Tardan casi un año en emitir una resolución. Están poniendo en un apuro tremendo a las personas que han pedido esas ayudas, y están haciendo peligrar la ejecución de esos fondos e, incluso, que vengan más”, afirma. “Nos estamos jugando que no venga más dinero a Canarias y que no se gaste el que tenemos”.

La representante empresarial repitió varias veces en Café de Periodistas que la iniciativa privada ya ha realizado los deberes y que ahora es el Gobierno de Canarias quien tiene que agilizar los procedimientos para construir 3000 viviendas en los próximos años, dirigidas a esas familias de rentas medias que hoy no pueden adquirir una vivienda porque no hay en el mercado. Niega que el precio de la vivienda media haya subido por encima de la época de la burbuja inmobiliaria. “Han subido los costes de producción. Lo que pasa es que no se está fabricando vivienda, por tanto las que estamos promoviendo, que son solo 3.000, frente a las 9.000 que hacíamos en 2007, están yendo a quienes pueden permitírselo. Nosotros queremos dirigirnos a toda la ciudadanía, a quienes cobran salarios medios y que antes podían comprarlas sin problemas”.

Salud Gil aconsejó a aquellas personas de rentas medias, parejas y familias en general, que opten a alquilar o comprar una vivienda que se apunten el registro de demandantes de viviendas. “Esto es importante porque las personas que vayan a beneficiarse de las viviendas que emanen del decreto deben estar inscritas, y deben cumplir una serie de requisitos, básicamente no disponer ya de una vivienda y tener unas rentas determinadas”.

La responsable de la Asociación de la Construcción cree que los ayuntamientos tienen que moverse y liberar suelo para viviendas tanto públicas como para ponerla en mercado libre con condiciones.