La convalidación del decreto de 2001 para las prospecciones "no supone una autorización automática de ningún trabajo"
El Gobierno central confirma que cada sondeo deberá contar con su propia autorización, dependiente de un procedimiento medioambiental previo
Lancelot Digital
Foto: Prensa de La Moncloa
El Real Decreto mediante el que el Consejo de Ministros de España autorizaba este viernes 16 de marzo las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Canarias y Fuerteventura confieren a su beneficiaria, la empresa Repsol YPF, “el derecho en exclusiva para investigar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo del área otorgada, pero no permiten la explotación de los potenciales yacimientos, lo que exigiría el otorgamiento de una concesión de explotación, ni tampoco suponen una autorización automática de ningún tipo de trabajo”, ya que “con carácter previo a la ejecución de cada trabajo de prospección se deberá obtener la correspondiente autorización administrativa, tramitación en la que se someterán con carácter preceptivo y vinculante al procedimiento medioambiental pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por un Real Decreto Legislativo del 11 de enero de 2008″, explican desde el Gobierno. Igualmente, “con carácter previo al inicio de los trabajos, Repsol deberá constituir seguros de responsabilidad civil para hacer frente a eventuales incidentes“.
En realidad, lo que ha decidido el Gobierno central es -en sus propias palabras- convalidar el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre de ese año, por el cual se otorgaban los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Canarias 1-9″ (porque engloban nueve cuadrículas de 100.000 hectáreas cada una) pero que -como reconocen desde Madrid- “fueron paralizados por una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2004 por un defecto de forma en el Real Decreto de 2001, ya que no incluía la expresa mención de las labores de protección medioambiental a que quedaba subordinada la realización de las labores de investigación”. En cualquier caso, insisten, “este defecto ha sido subsanado”.
Curiosamente, desde el Gobierno central se menciona que el área de exploración autorizada se sitúa “en el borde de la mediana entre España y Marruecos”, un límite internacional que no existe oficialmente en este momento y que incluso lleva en proceso de discusión desde hace décadas sin llegar a un entendimiento formal. En cualquier caso, se insiste en que las prospecciones se harán “a más de sesenta kilómetros de las costas del Archipiélago.
El Ejecutivo refleja también que en la tramitación de este expediente “se ha dado audiencia, tanto a los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, como al Gobierno de Canarias”, pero no menciona el rechazo frontal de dichas instituciones al proyecto, planteado a través de las alegaciones que todas ellas remitieron al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en los últimos días del pasado mes de febrero.
Antes de la paralización de los sondeos por parte de la Justicia, asegura el Gobierno, “los trabajos realizados pusieron de manifiesto el elevado potencial geológico de la zona” y el Real Decreto aprobado hoy “permitirá la finalización de los trabajos pendientes para verificar la existencia de hidrocarburos y, en su caso, la viabilidad técnico-económica de su extracción”.
“La prospección de hidrocarburos, además de tratar de paliar la dependencia española casi absoluta en la importación de gas y petróleo, tiene un alto potencial de creación de empleo altamente cualificado y complementa la actividad económica de las Islas Canarias“, argumentan desde Madrid.
