La cuenta atrás de Oswaldo

El Cabildo afronta los últimos nueve meses del mandato con el reto de convertir los grandes proyectos puestos en marcha durante estos tres años en realidades 

Cuando Oswaldo Betancort llegó a la Presidencia del Cabildo en junio de 2023 lo hizo después de haber firmado ante notario un decálogo de acciones políticas que se comprometía a desarrollar en tres años. Cumplido ese plazo, buena parte de aquellas promesas están ejecutadas o en marcha. Pero ahora comienza otra cuenta atrás, políticamente más importante: la que conduce directamente a las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2027.

El último curso político será, por tanto, el de los resultados. El gobierno formado por CC, PP y el consejero Armando Santana llega al tramo final con inversiones y proyectos en ejecución, pero también con asuntos de enorme trascendencia todavía pendientes. Salir de la emergencia hídrica, conseguir la aprobación inicial del nuevo Plan Insular de Ordenación, adjudicar el nuevo servicio de transporte público, entregar las primeras viviendas públicas, avanzar en las grandes carreteras pendientes o acercar a su finalización las nuevas infraestructuras sociosanitarias forman parte de una agenda que tendrá que acelerarse en apenas nueve meses.
No se trata ya tanto de anunciar nuevos proyectos como de terminar, adjudicar o dejar definitivamente encarrilados los que marcarán el balance de la legislatura.

El agua, el gran examen

Probablemente ningún asunto haya condicionado tanto este mandato como el agua. Lanzarote permanece en emergencia hídrica desde 2024 y la tercera prórroga aprobada este verano extiende esta situación hasta el 4 de febrero de 2027. La fecha convierte el agua en uno de los principales exámenes políticos del último tramo de legislatura. El propio Oswaldo Betancort ha expresado públicamente su deseo de que en febrero pueda darse por terminado este episodio. 

El escenario es muy diferente al de 2023 y la gestión del consejero Domingo Cejas con todo el equipo del Consorcio del Agua de Lanzarote y su gerente Fernando Fernández al frente ha sido intenso en estos tres primeros años. Se ha incrementado la capacidad de producción, se están renovado membranas, licitando nuevos bastidores de producción, está operativa la Línea Norte, avanza la Línea Centro, en breve se instalará la nueva tubería de La Graciosa, se ejecutan proyectos agrícolas y se han activado inversiones millonarias para renovar las redes. Además, el Consorcio recuperó la gestión directa del servicio después de resolver el contrato con Canal Gestión.

Pero el objetivo decisivo sigue siendo reducir las pérdidas, estabilizar definitivamente el suministro y acabar con los cortes que durante años han sufrido numerosos pueblos. Desde la recuperación de la gestión pública, los núcleos afectados por interrupciones programadas han pasado de una veintena a un máximo de cinco. El reto que queda por delante es convertir esa mejoría en normalidad y llegar a febrero en condiciones de levantar la emergencia.

El PIOL entra en la recta decisiva

La otra gran asignatura es la ordenación territorial. Después de más de tres décadas con el Plan Insular de 1991, el Cabildo recibió a finales de julio el Avance del nuevo PIOL. El documento protege el 59,46% del territorio, incrementa el suelo destinado al sector primario, reserva espacios para vivienda pública y energías renovables y reduce posibilidades de crecimiento turístico en determinados ámbitos.

Es un avance importante, pero no es todavía la meta política que se fijó Betancort. En su compromiso ante notario habló expresamente de impulsar la aprobación inicial del Plan Insular. El calendario pasa ahora por la exposición pública, la incorporación de las alegaciones y la posterior aprobación inicial. Conseguirla antes de mayo permitiría al gobierno presentar como encarrilado uno de los asuntos que más gobiernos y presidentes han intentado resolver sin éxito durante las últimas décadas.

La revolución pendiente de las guaguas

El transporte público representa otra de las grandes cuentas pendientes. El Cabildo prepara la mayor concesión de su historia reciente: un contrato valorado actualmente en 308,3 millones de euros para gestionar durante 15 años el transporte regular de viajeros. Su tramitación se ha prolongado por los controles que exige una concesión de esta dimensión y por la actualización del propio servicio ante el fuerte incremento de la demanda, que superó los ocho millones de viajeros en 2025. Después de obtener en 2025 el informe sobre la estructura de costes de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias, el expediente continúa pendiente del informe de la Oficina Nacional de Evaluación. El consejero de Transportes, Miguel Ángel Jiménez, llegó a anunciar en junio que esperaba licitarlo en menos de un mes, por lo que conseguir sacar finalmente el concurso se convierte ahora en uno de los principales retos del último curso político".

Obras contra el calendario

El tiempo también corre para las grandes infraestructuras. La Residencia de Mayores y Centro de Estancia Diurna de Tahíche, desbloqueada durante este mandato, se encuentra en construcción con una inversión de 16 millones de euros. Incorporará 75 plazas residenciales y otras 50 de estancia diurna y su ejecución se prolongará durante 2027. A ella se suma el Centro Integral de Cáritas de Altavista. Entre ambos proyectos movilizan más de 26 millones de euros.

Difícilmente todas las grandes obras estarán terminadas antes de las elecciones, por lo que la batalla política estará también en demostrar que son irreversibles.
Algo parecido ocurre con las carreteras. La mejora de la LZ-40 entre Indelasa y El Toro, la Yaiza-Playa Blanca o el futuro de la LZ-5 continúan formando parte de una agenda viaria que depende en buena medida del Gobierno de Canarias y que llegará al final de legislatura con distintos grados de desarrollo.

En residuos, en cambio, existe un calendario que coincide casi exactamente con el electoral. La nueva planta de compostaje de Zonzamas, con una inversión superior a los 6,2 millones de euros, comenzó a construirse en junio y tiene prevista su finalización en abril de 2027, apenas unas semanas antes de las elecciones. Tendrá capacidad para tratar 4.375 toneladas de biorresiduos al año. 

Nueve meses para rematar

Betancort llega así al último curso político con buena parte de su decálogo de 2023 ejecutado o iniciado: el aparcamiento del Hospital, la Mesa Insular de Bienestar Animal, el incremento de las ayudas a estudiantes, las inversiones en caminos agrícolas, el impulso a las políticas sociales o el inicio de la Residencia de Tahíche forman parte del balance de los tres primeros años.

Pero las elecciones de mayo de 2027 no se jugarán únicamente sobre lo realizado. También pesará aquello que los ciudadanos puedan ver terminado cuando vuelvan a las urnas.
El reloj ya corre. El objetivo del gobierno será llegar a mayo con Lanzarote fuera de la emergencia hídrica, el PIOL aprobado inicialmente, el futuro transporte público adjudicado o definitivamente encarrilado, las primeras viviendas entregadas y las grandes inversiones iniciadas suficientemente avanzadas como para no tener marcha atrás.
Después de tres años reivindicando los “hechos”, Oswaldo Betancort afronta ahora nueve meses para poner el punto final a algunos de los más importantes.

VIVIENDA Las primeras llaves, treinta años después

Si existe un asunto capaz de proporcionar una imagen simbólica antes de las elecciones es la vivienda. Lanzarote lleva décadas arrastrando un enorme déficit de vivienda pública y más de 3.000 personas figuraban al cierre de 2025 en el registro de demandantes.
La promoción de Maneje, en Arrecife, permitirá incorporar 201 viviendas protegidas divididas en tres bloques de 67. El calendario comunicado por el Gobierno de Canarias prevé adjudicar las primeras 67 en octubre de 2026 y otras 67 en diciembre. El tercer bloque deberá finalizarse en marzo de 2027, aunque su adjudicación está prevista para julio, después de las elecciones.

A Maneje se suma la estrategia desarrollada por el Cabildo durante el mandato, con más de 20 millones movilizados, adquisición de suelo en Arrecife y Uga, compra de viviendas en Playa Blanca y financiación para nuevas promociones destinadas al alquiler asequible.
La entrega de las primeras llaves tendrá por ello una enorme carga política. Después de años hablando de proyectos y de emergencia habitacional, 2026 debe ser el año en el que las nuevas viviendas públicas vuelvan a tener inquilinos en Lanzarote.