La dependencia, la asignatura pendiente del Gobierno de Canarias
Las islas se sitúan como la segunda comunidad con más personas en el 'limbo de la dependencia' y es la región en que más tardan en resolverse las prestaciones
No van tan bien las cosas en materia de dependencia como le gustaría, y afirma, el Gobierno de Canarias. De hecho, el Archipiélago se sitúa como la segunda comunidad con más personas en el 'limbo de la dependencia', o lo que es lo mismo que están pendientes de recibir la prestación. Además, y por si esto fuera poco, es la región que más días tarda en resolver una prestación o servicio desde que tiene entrada la solicitud (993 días). Esto explica que el 31,6 % de los demandantes (18.390 de los 58.158 contabilizados hasta finales de junio) aguarde seis meses o más por una resolución de grado o un Plan Individualizado de Atención (PIA).
Así se detalla en el informe semestral sobre la información estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que ha difundido este martes el Ministerio de Derechos Sociales. En el documento destaca que, pese al aumento interanual del 3,1 % (en 1.772 personas) registrado en el número de solicitantes de una ayuda a la dependencia en Canarias, las resoluciones de grado han aumentado en el mismo período un 11,5 %, esto es, en 4.615, hasta alcanzar las 44.866.
Lancelot Medios ya denunciaba este fracaso gubernamental en materia de Dependencia en el programa Objetivo Lanzarote y en un extenso reportaje publicado en el periódico Lancelot en papel. En ambos se ponía de manifiesto, la fragilidad de las islas en esta materia. Ya se señalaba que en Canarias se doblan. La propia diputada nacionalista y exconsejera de Empleo, Cristina Valido, explicaba que “este gobierno ha descubierto lo fácil que era hablar en la oposición y lo difícil que les ha sido resolver, incluso con mejor escenario económico y de recursos humanos”, afirmaba. “Ha faltado diálogo con el sector, entidades y colegios profesionales, para resolver el “vital” Catálogo de servicios y prestaciones sociales, así como establecer nuevas y más ágiles formas de gestión y atención a la ciudadanía aprovechando la llegada de más recursos para ello. Falta un gran acuerdo y modestia, sobran soberbia y excusas. Es una pena que cuando más personal y recursos económicos hay no se haya desarrollado la Ley de servicios sociales que aprobamos por unanimidad. Que repartiendo más dinero se crea que se mejora el sistema. No ha habido interés ni seguimiento e impulso para el desarrollo del Plan de Infraestructuras que aprobamos con los Cabildos en 2017, y que hoy debería tener en marcha 5.000 nuevas plazas para dependientes, eso es lo que cambiará la atención a la dependencia en Canarias”.
Datos concretos
Las resoluciones de PIA, es decir, la propuesta de prestación de uno o más servicios, e incluso la combinación de ellos, que elabora la autoridad competente y que mejor se adecúa a la casuística y necesidades mostradas por la persona con dependencia, se han incrementado un 16,3 % en Canarias en los últimos doce meses. Esto ha supuesto contar con 4.189 más, hasta llegar a las 29.902, según el citado informe, que precisa que este colectivo representa al 12,11 % de la población potencialmente dependiente de la región.
En el último año las personas con derecho a una prestación han aumentado un 13,2 %, en 4.567, hasta alcanzar las 39.264.
Además, las prestaciones por dependencia han subido en las Islas un 21 % en tasa anual, lo que ha significado sumar 5.747, hasta llegarse a las 33.152.
La cuantía media de las prestaciones relacionadas con los cuidados familiares oscila en las Islas entre los 149,4 euros que se conceden a beneficiarios de grado I. También se pasa por los 241,2 euros que se otorgan a los de grado II. Los de grado III llegan a los 340,5 euros.
Las vinculadas al servicio de ayuda en domicilio son, de media, de 258,5; 368 y 599 euros para cada uno de los grados. Por su parte la cuantía de las prestaciones relacionadas con servicios de atención residencial se fija entre los 297 euros y los 588,8 euros, pasando por los 359,3 euros.
El perfil del cuidador de personas dependientes en Canarias lo representan madres de entre 50 a 66 años y, en menor medida, hijos de entre 16 a 49 años.
