La Justicia obliga a la adjudicataria de las obras de la piscina de Playa Honda a abonar cerca de 175.000 euros al Ayuntamiento

A esta cuantía, se unen los 172.501,24 euros de aval que ya ha ingresado el Consistorio por incumplimiento de contrato

Lancelot Digital
Foto: Archivo Lancelot

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de las Palmas ha dado la razón al Ayuntamiento de San Bartolomé y estima que la empresa adjudicataria de las obras y explotación de la piscina de Playa Honda, Sport & Ocio Lanzarote S.L., deberá abonar al Ayuntamiento 174.957,65 euros, según informa el Consistorio.

Según sentencia del 28 de mayo, la citada empresa, una UTE formada por Lanzagrava y Cedaga, debe abonar esta cantidad, “que le fue liquidada en concepto de impuesto de construcción, instalaciones y obras, y la tasa por otorgamiento de licencia urbanística, conforme a las ordenanzas fiscales reguladoras de dichos tributos municipales y al pliego de clausulas administrativas particulares que sirvió de base a la licitación pública, y previos los informes favorables emitidos por la Intervención y la Secretaría del Ayuntamiento”.

A esta cuantía, según recuerdan desde el Ayuntamiento, se le une la del aval o garantía definitiva, por un total de 172.501,24 euros por incumplimiento de contrato. Dinero que desde hace unos meses está transferido a las arcas municipales.

Hay que recordar que los trabajos del Centro Deportivo de Playa Honda dieron comienzo en enero de 2011, paralizándose poco después al encontrarse diversos problemas. Primero, que los terrenos. no aparecían inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento, lo cual impedía que la empresa adjudicataria pudiera acceder a un préstamo que había solicitado para hacer frente a los trabajos.

Sin embargo, una vez solventado esto, los problemas de financiación siguieron estando presentes y la empresa no consiguió dicho crédito, siéndole incapaz hacer frente a los trabajos y renunciando a ellos. El Ayuntamiento, al no poderle hacer frente tampoco económicamente, también renunció al proyecto en junio del año pasado, pero acusó a la empresa de haber incumplido el contrato, mientras que ésta consideraba que era el Consistorio quien no había cumplido con lo estipulado.

La empresa, no conforme con la liquidación en su día girada y aprobada, acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, ahora la Justicia ha desestimado sus pretensiones, dando la razón al Consistorio y obligando a la empresa a abonar al mismo la mencionada cantidad.