La empresa no da solución a las familias de las casas de Argana, que serán desahuciadas el 23 de mayo
“La buena voluntad de realojarlos era todo una mentira”, asegura Andrés Medina
Lancelot Digital
Foto: Jesús Betancort
A pesar de que el Obispado de Canarias afirmó que la empresa a la que vendió las caasa de Argana estaba dispuesta a “realojar” a las familias, lo cierto es que sigue sin haber un compromiso firme por parte de Iveco de que así sea y los desahucios siguen adelante, según asegura el ex presidente de la asociación vecinal, Andrés Medina. Tanto el desahucio de Luis Manuel Torres Guillén, de 56 años, que fue aplazado en su día, como el del matrimonio formado por Sinforiano Lemes, de 90 años, y Pilar Callero, de 87 años, tendrán lugar el próximo 23 de mayo.
Medina explica en un comunicado que se reunió con el Vicario General de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, quien afirmó que incluso la iglesia había “perdido dinero” con la venta de los terrenos. Hecho que la Iglesia sigue sin demostrar documentalmente .
Aun así, Mednia afirma, a mediados de abril, un asesor de la empresa se puso en contacto con él para hacer una oferta. La empresa ofrecía a los inquilinos una cantidad de 300 euros al mes en concepto de alquiler de la vivienda que fueran a ocupar, con el compromiso de que éstos abandonaran las casas de Argana. Eso sí, la propuesta debía de ser aceptada por las cuatro familias que siguen habitando allí, incluidas las dos que ganaron los pleitos judiciales.
Sin embargo, aunque según Medina, el matrimonio conformado por Sinforiano y Pilar estaba dispuesto a aceptar la oferta, las otras familias se negaban a hacerlo, y el asesor insistió en que “el acuerdo sería siempre que todas las partes estuvieran conformes”. Además, modificó su oferta. Según la última propuesta, la empresa abonaría seis mensualidades a razón de 300 euros, con el compromiso de que entregaran la llave y salieran antes del 23 de mayo, día previsto para el desahucio.
“La buena volunta por parte de la empresa de realojarlos era todo una mentira”, asegura Andrés Medina, quien apunta que los vecinos manifestaron no estar dispuestos a aceptar las propuestas que les habían ofrecido “y ceder en sus demandas y chantakes”.
“Con todo lo explicado hasta aquí, solamente queda claro que lo que pretende la Iglesia es echar el problema encima de la empresa y lo que pretende la empresa es dejar pasar el tiempo para que se produzcan los desahucios, sabiendo que si nos tienen entretenidos con reuniones su imagen no se verá dañada. La conclusión es clara: si realmente existe un acuerdo notarial, tanto la Iglesia como la empresa están cometiendo una ilegalidad de la que tendrán que responden y, sino existe, el Obispado debe dar inmediatamente explicaciones”, concluye.
