La Fiscalía pide seis años de prisión para Luis Lleó y un año y medio para Fernando Becerra por el caso ‘Costa Roja’

En el caso de Becerra, el fiscal tiene en cuenta que ha colaborado con la Justicia 

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Foto: Archivo Lancelot

El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, pide seis años de prisión para el empresario Luis Lleó, y un año y seis meses para Fernando Becerra, por sendos delitos continuados de cohecho, en relación al caso ‘Costa Roja’.

Esta pieza separada del ‘caso Unión’ investiga la supuesta intención de Becerra y Lleó de sobornar al entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, para desbloquear las obras de la macrourbanización de la parcela de Costa Roja, que estaban paralizadas por orden judicial. Fue el propio Espino quien interpuso la denuncia, que desencadenó en el caso ‘Unión’.

En el caso de Fernando Becerra, el fiscal considera que concurre un “atenuante de colaboración la justicia y confesión” y, por ello, tan solo solicita una pena de un año y seis meses de prisión, además de una multa de 200.000 euros. Para Lleó, sin embargo, la pena asciende a seis años y una multa de 1 millón de euros.

Según el fiscal, la intención de Lleó era “corromper mediante el ofrecimiento de una jugosa cantidad dineraria” a Espino, para que requiriera a los técnicos del Cabildo para “hacer un traje a la medida de Luis Lleó”, de forma que el Cabildo desistiera del recurso interpuesto contra la licencia de obras de la urbanización de Costa Roja y cambiara el uso al suelo, permitiéndole así ejecutar “su megaproyecto urbanístico”, a través del cual pretendía construir 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje.

La persona que actuó como intermediario en el soborno, a juicio del fiscal, fue Fernando Becerra. Lleó quería que, en su nombre, Becerra “sobornase” a Espino, y, según el fiscal le hizo varios ofrecimientos. Uno de ellos, una cantidad económica de 400.000 a repartirse entre Espino y Becerra, con el fin de que influyese en los técnicos de la Oficina Insular de Planeamiento y en la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, para que desistiera de la demanda contencioso administrative interpuesta contra la licencia de Costa Roja.

Esa cantidad ascendió posteriormente hasta los 600.000 euros, según el fiscal, con el fin de que Espino consiguiera que los terrenos de Costa Roja se incluyeran en el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular (PTOTI) con la clasificación de suelo urbanizable, de forma que Lleó pudiera desarrollar su macroproyecto “sin traba legal alguna”.