La Fundación considera que el dictamen de Parejo sobre los hoteles "abre una vía discutible y vulnerable frente a futuras reclamaciones"
La FCM anuncia que no paralizará su proceso de solicitud de ejecución de sentencias. / Vea el comunicado completo
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La Fundación César Manrique se ha pronunciado este miércoles sobre el dictamen del reconocido jurista Luciano Parejo, encargado por el Cabildo, en relación a los hoteles cuyas licencias han sido anuladas por la Justicia, y que fue presentado el pasado 28 de marzo. Y lo ha hecho cuestionando la práctica totalidad de los ejes de dicho informe, al tiempo que anuncia que al menos de momento, no va a desistir en su proceso de solicitud de ejecuciones de las sentencias contra esos hoteles.
En un extenso comunicado de prensa, la FCM señala que ha encargado a su vez un dictamen a otro prestigioso jurista nacional –cuyo nombre no desvela-, y hará sus conclusiones definitivas “en un plazo aproximado de dos meses”, pese a lo cual “tras haber recogido opiniones expertas y de sus servicios jurídicos”, realiza una serie de primeras valoraciones.
En tal sentido, la Fundación considera que el dictamen de Parejo “abre una vía de actuación para el Cabildo jurídicamente discutible y vulnerable frente a futuras reclamaciones judiciales”, al tiempo que subraya que “no deja de sorprender que el Cabildo de Lanzarote haya asumido” ese dictamen “sin otros contrastes jurídicos, teniendo en cuenta tanto el sensible asunto de que se trata, como el alcance político, jurídico y social de las conclusiones ofrecidas”.
“Sorprende no sólo por las dudas jurídicas que suscita la solución propuesta, sino, sobre todo, porque se trata de un dictamen que pone en cuestión las propias competencias del Cabildo en materia de ordenación territorial, urbanística y turística, y que, además, cuestiona los logros que la corporación ha conseguido en los Tribunales a lo largo de esta década, que han sido reconocidos y avalados mediante múltiples sentencias firmes, declarando la supremacía de la ordenación insular en la Isla y la consiguiente prevalencia del PIOT sobre los Planes Generales y Parciales municipales en materia de crecimientos turísticos”, agrega la FCM.
“Confusión”
Esta entidad considera además “poco comprensible el intento de poner en cuestión y de crear confusión en torno a la naturaleza y el alcance del Informe de Compatibilidad del Cabildo, después de que los tribunales hayan reconocido en multitud de sentencias firmes su carácter necesario para que los ayuntamientos puedan autorizar obras en los suelos turísticos no adaptados al Plan Insular”.
A juicio de los servicios jurídicos de la FCM, “la solución propuesta, consistente en la utilización de la vía de suspensión del planeamiento, acompañada de la aprobación de unas normas de ordenación, aplicables en sustitución de las suspendidas, con las cuales proceder después a la legalización de las obras y edificaciones, suscita serias dudas jurídicas, pues aquél es un procedimiento cautelar, muy excepcional y finalista, establecido para funciones y objetivos muy distintas de las ahora pretendidas, y siempre para salvaguardar intereses públicos”.
“Más allá de la vía por la que opte el Cabildo -vía legislativa o vía del planeamiento- en su deseo de hacer compatible la ejecución de las sentencias que afectan a las plazas turísticas ilegales con un proceso de regularización excepcional, lo que verdaderamente resulta relevante para la FCM es el fondo del asunto, es decir, los criterios y contenidos de compensación al interés general que sustenta la excepcionalidad de la actuación y el calado de ésta. Para la FCM, es claro que cualquier salida “excepcional” que puedan aceptar los Tribunales, en los casos en que fuere posible, deberá apoyarse en una inequívoca y proporcionada compensación al interés general -en términos de restitución y penalización- basada en unos criterios claros y en un proceso transparente que contemple y pondere cada caso en su singularidad”, agrega la Fundación.
Compensaciones
“Lo verdaderamente relevante, si se quiere salir de este atolladero sin alentar la impunidad, recae sobre las ejemplares compensaciones públicas que debieran establecerse. Pero afectan también a las líneas rojas que hubiera que determinar en función de la singular relevancia de determinadas e insoslayables infracciones urbanísticas, juzgadas o no, que, si fuera posible, habría que legalizar atendiendo a su particular situación actual”, puntualiza la FCM.
“Sobre el aspecto sustantivo del carácter de las compensaciones al interés general y los límites de la regularización, nada concreta el dictamen de Luciano Parejo encargado por el Cabildo de Lanzarote, en tanto que sí se pormenorizan los mecanismos de legalización”, agrega la entidad, que a su vez “lamenta que el intento de ofrecer una solución para regularizar excepcionalmente las licencias turísticas declaradas ilegales por los Tribunales mediante el dictamen elaborado por Parejo haya ido de la mano de una tentativa paralela de darle la vuelta a la historia del PIOT y a su alcance actual”.
Por todo ello, la FCM anuncia que, en tanto en cuanto no se aclaren los aspectos jurídicos y de fondo esbozados en esta primera toma de posesión, no va a paralizar el proceso de ejecución de sentencias que ha instado (un proceso que no conduce necesariamente a la demolición, según los casos) y que, en el uso de sus derechos, empleará cuantos recursos estén a su alcance en los Tribunales para frenar cualquier intento de eludir el cumplimiento de la ley o de defraudar los pronunciamiento judiciales, a través de la inejecución o de cualquier otra vía que no ofrezca suficientes garantías ni satisfaga el interés general”.
