La gestión del agua: a manos públicas

El Consorcio del Agua estará al mando como mínimo durante un año hasta tanto se decida sobre el futuro de la gestión

El Consorcio del Agua prepara la intervención de Canal Gestión para tomar el control del servicio. La medida cautelar permitirá asumir la gestión directa del ciclo integral del agua mientras avanza la resolución del contrato. Canal Gestión prepara ya su arsenal jurídico para intentar paralizar el secuestro del servicio. El Consorcio del Agua estará al mando como mínimo durante un año hasta tanto se decida sobre el futuro de la gestión.

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha dado el paso definitivo para intervenir Canal Gestión y asumir el control del servicio del ciclo integral del agua en la isla y en La Graciosa. La decisión se articula a través de una medida cautelar dentro del expediente de resolución del contrato, lo que permitirá una actuación inmediata sin esperar a la ruptura definitiva de la concesión.

La propuesta elevada a la Asamblea General parte de un diagnóstico contundente: existe una perturbación grave, estructural y continuada del servicio que afecta a todas las fases del ciclo del agua, desde la desalación hasta la depuración y reutilización.  Esta situación, según los informes técnico y jurídico, no puede corregirse con medidas ordinarias, lo que justifica una intervención directa de la administración.

La fórmula elegida es el denominado secuestro del servicio, una figura legal que permite a la administración asumir temporalmente la gestión de una concesión cuando el operador incumple sus obligaciones y pone en riesgo el interés público. En este caso, además, se adopta como medida cautelar para evitar que el deterioro del servicio continúe mientras se tramita la resolución contractual.

Lo que pasará durante los próximos días

Esa es la hoja de ruta inmediata que podría variar si, como está previsto, Canal Gestión acude a los juzgados para paralizar el secuestro y la justicia le da la razón. En ese empeño la empresa madrileña ha puesto toda su maquinaria jurídica.

El procedimiento de la intervención contempla un trámite de audiencia de diez días, que se ha ampliado en cinco más a solicitud de la concesionaria, para que Canal Gestión pueda presentar alegaciones. Una vez analizadas, será la Asamblea la que decidirá si activa de forma definitiva la medida.

Será en ese momento, cuando ya sea firme le secuestro, cuando Canal Gestión desplegará su arsenal jurídico presentando un recurso para paralizar el secuestro. Si se acepta, la concesionaria seguirá gestionando el servicio hasta que se resuelva el contrato, de lo contrario la intervención se hará efectiva de forma fulminante.

En cualquier caso, la intervención tendrá carácter temporal y se mantendrá mientras persistan los incumplimientos o hasta que se resuelva de forma definitiva el contrato, momento en el que se procederá a su liquidación.

Con esta decisión, el Consorcio del Agua se dota de una herramienta de control directo sobre un servicio esencial que ha sido objeto de críticas reiteradas en los últimos años, abriendo una nueva fase en la gestión del agua en Lanzarote.

Cómo se ejecutará la intervención

El mecanismo está diseñado para activarse de forma inmediata una vez se adopte el acuerdo definitivo. La intervención será ejecutiva desde las 07:00 horas del día siguiente a su aprobación, momento en el que el Consorcio asumirá directamente la dirección del servicio. 

A partir de ahí, la administración no sustituirá completamente la estructura existente, sino que operará sobre ella. Se mantendrán los medios materiales y humanos de la concesionaria, pero bajo control público, garantizando así la continuidad del suministro sin interrupciones.

El Consorcio tendrá acceso total a las instalaciones, sistemas de gestión, documentación técnica y económica, así como a los mecanismos de facturación y cobro. También podrá gestionar directamente los ingresos del servicio y ordenar los pagos necesarios para su funcionamiento.

El papel clave de los interventores

Uno de los elementos centrales de la intervención será la designación de dos interventores: uno de perfil técnico y otro económico. Ambos asumirán funciones ejecutivas con capacidad de sustituir al equipo directivo de la concesionaria en todo lo necesario para garantizar el servicio.

En el apartado técnico se baraja que sea el propio gerente del Consorcio del Agua, Fernando Fernández, quien asuma esas competencias, aunque fuentes consultadas por Lancelot señalan que no se descarta la contratación de un profesional externo para ocupar ese puesto, e incluso que algún cargo intermedio de Canal Gestión, no de la Dirección, que conocen perfectamente el funcionamiento de la empresa, pudiera asumir esa responsabilidad bajo supervisión pública.

Sus competencias serán amplias y decisivas. Podrán tomar posesión efectiva de la explotación, acceder a toda la información operativa y financiera, controlar los flujos económicos e incluso gestionar las cuentas bancarias vinculadas al servicio. 

Además, tendrán autoridad para impartir instrucciones al personal, ordenar pagos imprescindibles y adoptar medidas urgentes ante cualquier riesgo para la salubridad pública o el medio ambiente, como cortes de suministro, vertidos o fallos en el sistema.

En la práctica, los interventores se convertirán en la dirección real del servicio durante el periodo de intervención, actuando como garantes de la normalidad operativa y de la legalidad en la gestión.

Una intervención con coste para la concesionaria

Aunque el Consorcio asume la gestión, la explotación seguirá realizándose a cuenta y riesgo de Canal Gestión. Esto implica que todos los costes derivados de la intervención, incluidos los honorarios de los interventores y los gastos extraordinarios, serán imputados a la empresa concesionaria. 

Asimismo, la compañía deberá facilitar de forma inmediata todas las claves de acceso, documentación, contratos auxiliares, inventarios y sistemas necesarios para que la intervención sea efectiva desde el primer momento.

Tranquilidad en la plantilla de Canal Gestión

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, lanzó un mensaje de calma a la plantilla de Canal Gestión durante una asamblea celebrada en la central de Díaz Rijo, con la participación de más de un centenar de trabajadores. Allí aseguró que la intervención del servicio no supondrá un riesgo para el empleo ni para las condiciones laborales. 

Betancort garantizó estabilidad laboral y subrayó que el futuro de la empresa “pasa por los trabajadores”, avanzando además que el comité de empresa tendrá información en tiempo real del proceso de intervención del servicio.  El presidente explicó que el escenario inmediato dependerá de la decisión judicial sobre el recurso que presentará la concesionaria: si se avala la intervención, el Consorcio asumirá el servicio con los medios actuales; si no, se esperará a la resolución definitiva del contrato en un plazo aproximado de dos meses tras el paso por el Consultivo.

En cualquier caso, insistió en que todas las decisiones se adoptarán en consenso con los representantes de los trabajadores, priorizando tanto la estabilidad de la plantilla como el objetivo principal de garantizar el suministro de agua y mejorar el servicio en Lanzarote y La Graciosa.

El Consorcio llevará la gestión del agua durante un año mínimo

Si todo marcha según la hoja de ruta del Consorcio, después del verano ya se habrá resuelto el contrato del servicio y será la parte pública, el Consorcio, quien ya entre de lleno en la gestión del agua con el uso de fondos públicos. Ya Canal habrá cogido las maletas.

Antes de eso, el Consejo Consultivo tendrá que emitir un informe preceptivo favorable a la rescisión del contrato para lo que tiene un plazo de entre 30 y 40 días que paraliza el tiempo establecido en el procedimiento (que es de 8 meses) para resolver.

Tras el informe, al Consorcio ya sólo le quedará algo más de dos meses para entrar con todas las consecuencias en la gestión del agua, haciéndose cargo de toda la gestión técnica y utilizando sus recursos para pagar nóminas y hacer contrataciones tanto de personal como de material.

La liquidación del contrato será la última fase en la que ya se espera una dura batalla legal por las indemnizaciones tanto de un lado como del otro.

A partir de ese momento, según se calcula dentro del Consorcio, la gestión pública estará activa al menos durante un año, hasta tanto, la parte política de la Asamblea, Cabildo y los 7 Ayuntamientos, decidan si se mantiene la gestión pública, si se externaliza o se opta por una salida mixta público-privada. Eso será ya, incluso, después de las elecciones locales de mayor de 2027.