Viernes, 05 Diciembre 2025
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La Operación Tabaiba parte de un caso que arrancó en 2022, en el mandato del Pacto de Las Flores

  • Lancelot Digital

 

Cuatro directores de centros de menores migrantes no acompañados gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y un empresario inmobiliario han resultado imputados por blanqueo de capitales al presuntamente compincharse para usar en beneficio propio hasta 2,4 millones de euros según informó la Policía Nacional este fin de semana. La Operación Tabaiba, como se ha denominado, afecta a las islas de Gran Canaria y Lanzarote, siendo en nuestra isla el centro aludido el Albergue de La Santa.

Marci Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, explica que “cuando llegamos en el 2023 era un espacio que se gestionaba para la atención a menores extranjeros no acompañados como único recurso en la isla o como recurso de referencia. Nosotros no estábamos de acuerdo con ese modelo y poco a poco fuimos hacia un desmantelamiento de ese espacio como centro de menores hasta conseguirlo”.

Los hechos se vienen investigando desde 2022 y ahora tras la finalización de la parte policial, la empresa Fundación Respuesta Social Siglo XXI podrá objetar y defenderse en el marco de la parte judicial. “Hemos tenido conocimiento este fin de semana de que finaliza la parte policial y ahora pasa a instancias judiciales. Allí la propia entidad tendrá la oportunidad de explicar y de argumentar todas las condiciones que considere”.

Acuña sí ha querido dejar clara una cuestión: Que los hechos sucedieron durante el mandato de Dolores Corujo entre 2019 y 2023, exactamente en 2022. “Por parte del Cabildo lo que existe es una preocupación evidente, porque es normal, pero tenemos que aclarar que son hechos que se remontan al pasado mandato. Concretamente, estas investigaciones, al ser vinculadas a pagos con fondos europeos, pues ha tenido que trascender a instancias de Europa y se remonta al año 2022, que es cuando se inicia esa investigación”.

La Policía Nacional concluye que de un total de 1,6 millones de euros que la Fundación recibió durante la etapa del 'Pacto de las Flores' en el Gobierno de Canarias, hasta 1,1 millones se extrajeron en efectivo mediante reintegros fraccionados. El cuerpo policial detectó transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales (como operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas en restaurantes) cargados a las cuentas de los centros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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