La incautación de la desaladora: una polémica con dos puntos de vista muy distintos

Mientras algunos avalan la operación, otros critican las formas, pues consideran que no han sido las más adecuadas

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La incautación de la desaladora privada del Plan Parcial Montaña Roja ha generado numerosas reacciones. Una de las más críticas en cuanto al fondo ha sido la patronal hotelera Asolan.

“Nos ha sorprendido, nos ha sobrecogido, no sólo ala junta directiva de Asolan sino a todos los empresarios la medida absolutamente drástica. Hay una reunión con el presidente del Cabildo por este motivo, pero ahora mismo no vemos de antemano ninguna justificación, en absoluto, de que se pueda acometer esta acción y no emprender otro procedimiento de comunicación y que la otra parte, en este caso un empresario, pueda poner las cartas sobre la mesa y tener posibilidad de defensa”, señalaba la presidenta de la patronal turística, Susana Pérez.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Yaiza se avala esta operación, entendiendo que es lo más justo para los más de 6.000 residentes de la zona. “Si la empresa obtiene las autorizaciones y licencias correspondientes para legalizar todo esto y que el vecino de Montaña Roja tenga el mismo tratamiento que uno de Playa Blanca, el Ayuntamiento no tiene inconvenientes. Es decir, el Ayuntamiento no dice no a Club Lanzarote y sí a Canal Gestión, sino que lo que quiere es que se dote de legalidad a una cosa como el agua, que es un bien de primera necesidad, y que se abastece a 6.240 habitantes, además de las camas turísticas”, apuntaba por su parte la alcaldesa del municipio sureño, Gladys Acuña.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, volvía esta mañana a incidir en la necesidad de haber tomado esta decisión. “Estamos siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos de la Corporación incautando una planta, porque hay una empresa que vende agua a terceros sin una concesión administrativa, sin un título habilitante, y eso no es posible ni en Lanzarote ni en ningún lugar del país, porque esto es un servicio básico y esencial, regulado por una ley básica estatal”, explicaba.

Precisamente, han sido las formas ejecutadas en la incautación las que no convencen a la alcaldesa de San Bartolomé y secretaria de los socialistas lanzarotelos, Dolores Corujo. “Yo no me tengo que enterar a través de los medios. El vicepresidente del Gobierno, el compañero Joaquín Caraballo informa el día de antes sobre algo que iba a ocurrir al día siguiente y que todavía no conocía bien en esta materia Así se lo hace saber al secretario de Organización y ahí es donde nos preocupa, porque las decisiones se comparten y las decisiones políticas se adoptan con todas las garantías”, señalaba Corujo.

Por otro lado, fuentes cercanas a la empresa de la desaladora, Club Lanzarote, han manifestado que el juez no ha desestimado su recurso, sino que lo que ha establecido es un plazo para analizar la situación y así tomar una decisión correcta en torno a si se levanta o no la incautación.