La juez archiva las actuaciones seguidas contra varios trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife por un presunto delito de estafa y falsificación del Catastro

Considera que “no aparece justificada la comisión de infracción penal alguna”

Lancelot Digital

Foto: Archivo Lancelot

La juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, Ángela López-Yuste, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones seguidas contra varios funcionarios del Ayuntamiento de la capital, por “no aparecer justificada la comisión de infracción penal alguna”. La causa se inició en el año 2009 a instancia de la exalcaldesa María Isabel Déniz por un presunto delito de estafa y falsificación de documentos públicos relacionados con el Catastro de Arrecife, el denominado Catastrazo.

Según el auto de la juez, el procedimiento continuará con dos personas imputadas, Lucía Medina Tavío y María Teresa Tavío Robaina. En este sentido, la juez señala en su escrito que ambas podrían ser responsables de “presuntos delitos de estafa y de falsificación de documentos públicos, al haberse apropiado de terrenos que no eran suyos, cambiando la titularidad en el Registro de la Propiedad de Arrecife, a sabiendas de la existencia de titulares legítimos”.

Los hechos denunciados ocurrieron entre los años 2004 y 2005, y afectan a fincas sin urbanizar, situadas en la zona conocida como “Cercado Viejo” de Arrecife, “que aparecían en el catastro como de titular desconocido”.

Según el escrito que los trabajadores municipales afectados han trasladado a finales del pasado mes de enero al actual alcalde, Manuel Fajardo Feo, y que se ha hecho llegar a los medios de comunicación, éstos se lamentan del daño producido, “afectándonos tanto en la situación laboral, personal como anímica, tras hacerse público nuestros nombres completos como si hubiésemos sido responsables de la supuesta trama y condenados de antemano”.

“Nos vimos involucrados y manchados por un procedimiento de investigación judicial abierto en base a un informe municipal sin razón fundamentada, como así se ha corroborado”, dicen estos trabajadores, para quienes “la investigación es sana, no su mal uso y divulgación”.

Dulce Carmona Garcés, Jesús Morales Trujillo, Martín Robayna Rodríguez, Miguel Bethencourt Castro y Sergio Morera Aparicio solicitan al alcalde de Arrecife que actúe “con los medios de comunicación que en su día publicaron tan abiertamente nuestros nombres, apelando a su objetividad informativa, para que sean publicados en los mismos medios e intensidad informativa el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por no aparecer justificada la comisión de infracción penal alguna”.

Asimismo, recuerdan que todo el proceso se inició por una denuncia realizada por la entonces alcaldesa capitalina, María Isabel Déniz, a raíz de un informe de una técnico de este Ayuntamiento, cuyo planteamiento “no se ajustaba a la verdad”.

Según estos trabajadores, “la única labor que se realizaba desde el Ayuntamiento era de ayuda administrativa, recibiendo documentación de los interesados y remitiéndola a la Gerencia de las Palmas, para que en los casos en que esa Administración considerara se resolviera si procedía. Todo ello se realizaba según el convenio de colaboración que existía entre la Gerencia del Catastro y el Ayuntamiento de Arrecife”, concluyen.