La jueza del caso Mediador quiere registrar el despacho en el Congreso del “tito Berni”

De momento, el fiscal solo pide que se le entreguen los aparatos electrónicos, iPad, móvil y ordenador
- Lancelot Digital
La jueza del caso Mediador ha pedido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que autorice la entrega a la Policía Nacional de “los efectos depositados en el interior del despacho” del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, tito Berni, investigado en esta trama de presuntas extorsiones a empresarios para lograr beneficios, en la que también está investigado un general retirado de la Guardia Civil, Francisco Navas Espinosa, que sigue en prisión preventiva.
En un auto remitido este lunes, la jueza solicita en concreto “autorización y colaboración a fin de que la Secretaría Técnica entregue a la Policía Nacional, Grupo de delitos Tecnológicos los efectos depositados en el interior del despacho del Congreso de los Diputados asignado al investigado Saturnino para realizar sus labores parlamentarias”.
Y explica que “en el supuesto de que la presidencia del Congreso colaborara entregando dichos dispositivos, se acuerda que se proceda por la Policía Nacional, Grupo de delitos Tecnológicos a abrir, análisis, estudio y confección del correspondiente informe pericial de todos los equipos informáticos y de otros dispositivos/medios de almacenamiento digital/analógico así como sobre aquellos datos que se hallen disponibles a través de estos ya sea en forma telemática o almacenada en ficheros digitales y/o físicos, equipos y/o soportes informáticos”.
Batet ha sostenido desde el principio que debe ser el Supremo el órgano judicial que solicite esa autorización del registro de este despacho dada la inviolabilidad de las Cortes.
La pasada semana la Fiscalía Anticorrupción denegaba la petición de la Policía de registrar el despacho que utilizaba en el Congreso el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, investigado en el caso Mediador. Jaime Serrano-Jover ha recordado en un escrito que el Ministerio Público no puede pronunciarse a favor de lo solicitado porque la Constitución consagra la sede del Congreso como ''inviolable''.