¿La ley de vivienda vacacional protege al pequeño propietario?

Analizamos en Objetivo Lanzarote la situación de esta polémica normativa

El Gobierno de Canarias continúa dando pasos decisivos en la aplicación de la nueva Ley de Ordenación del Uso Turístico de la Vivienda, una normativa clave que busca regular el alquiler vacacional en el archipiélago y dar respuesta a la creciente tensión en el mercado de la vivienda. Tras su entrada en vigor a finales de 2025, la ley se encuentra ahora en una fase crucial de desarrollo y adaptación por parte de las administraciones insulares y municipales.

La normativa establece, por primera vez, un marco legal común para todas las islas, fijando límites al uso turístico de viviendas en suelo residencial y otorgando a los ayuntamientos un papel central en la planificación. Cada municipio deberá definir, a través de su planeamiento urbanístico, las zonas donde se permitirá el alquiler vacacional, así como el número máximo de viviendas destinadas a este fin, priorizando el uso residencial permanente.

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Desde el Ejecutivo autonómico se defiende que la ley pretende equilibrar el peso del turismo con el derecho a la vivienda, en un contexto marcado por el aumento de los precios del alquiler y la escasez de oferta para residentes. Según datos oficiales, el crecimiento sostenido de las viviendas vacacionales en los últimos años ha tenido un impacto directo en el acceso a la vivienda, especialmente en las islas más turísticas.

El sector turístico, por su parte, ha mostrado posiciones diversas. Mientras algunas asociaciones valoran positivamente la seguridad jurídica que aporta la ley, otras alertan del posible impacto económico y reclaman un desarrollo reglamentario flexible que tenga en cuenta las particularidades de cada isla.

En paralelo, colectivos vecinales y sociales han celebrado la entrada en vigor de la norma, aunque insisten en la necesidad de reforzar la inspección y el control para evitar el fraude y garantizar su cumplimiento efectivo.

Con la ley ya activa, Canarias se enfrenta ahora al reto de su aplicación práctica, en un debate que seguirá marcando la agenda política y social del archipiélago en los próximos meses.