La ley de vivienda vacacional, una norma tan polémica como necesaria

El pasado 12 de noviembre, el Parlamento de Canarias dio luz verde a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas

El pasado 12 de noviembre, el Parlamento de Canarias dio luz verde a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, marcando un antes y un después en la regulación de las viviendas vacacionales en el archipiélago. La norma sustituye al antiguo decreto de 2015 y establece un nuevo marco que aspira a priorizar la vivienda residencial frente al turismo. 

Entre las principales medidas aprobadas destacan una moratoria de cinco años para nuevas licencias turísticas y la restricción de que solo un 10 % del suelo residencial (o 20 % en las llamadas "islas verdes") pueda destinarse a vivienda vacacional. 

Además, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) quedan expresamente excluidas del uso turístico, y se prohíben los denominados "pseudohoteles" -edificios enteros con unidades vacacionales de un gran tenedor-. 

Según la administración autonómica, el objetivo de la ley es "compatibilizar el legítimo ejercicio de la actividad turística con el interés general", dotando de claridad jurídica a un sector que hasta ahora navegaba entre vacíos normativos. 

La aprobación no ha sido pacífica. El bloque que apoyó la ley -principalmente Coalición Canaria y Partido Popular- ha sido acusado por la oposición (incluyendo Partido Socialista Obrero Español y Nueva Canarias) de aprobar una norma sin consenso, sin incorporar enmiendas y dejando fuera voces clave del sector.  Desde el sector turístico y de alquiler vacacional, la reacción ha sido manifiestamente contraria. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) advierte de que la ley podría "empobrecer a miles de familias" y eliminar la posibilidad de que pequeños propietarios continúen en el negocio. 

 En ese sentido, algunos municipios amenazan con considerarla responsable de la "muerte" del alquiler vacacional, y piden una revisión urgente. Por su parte, organismos reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han criticado su carácter "desproporcionado", advirtiendo de que podría dejar residual la actividad del alquiler vacacional y afectar negativamente a la oferta turística del archipiélago.

En lo social, la ley ha generado un clima de incertidumbre para miles de hogares canarios que viven del alquiler vacacional. Según estimaciones previas a la aprobación, alrededor de 25.000 viviendas ubicadas en complejos extrahoteleros podrían quedaren en un limbo jurídico. El debate no es solo técnico o económico: es profundamente social y simbólico. La ley ha dividido a comunidades enteras -algunos la ven como solución a la "turistificación" y al encarecimiento de la vivienda, otros como el fin de una fuente de ingresos vital.
Hoy en Objetivo Lanzarote abordaremos las consecuencias que ha tenido la aprobación en el Parlamento de canarias de la nueva Ley de la Vivienda Vacacional.