La oposición teme las consecuencias de la incautación de la desaladora y el PSOE la defiende

Las formas empleadas, con una denuncia ante la Guardia Civil y un cerrajero, tampoco son aprobadas por la oposición, mientras los socialistas aseguran que era la mejor opción

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PP y PIL, los que asegura que les cogió por sorpresa la incautación de la desaladora de Montaña Roja, temen que esta actuación pueda tener consecuencias para el Cabildo, aunque el grupo de gobierno confía en que todo está bien atado.

“Desde el punto de vista legal, con mucha cautela, porque no sabemos exactamente cuál es la base jurídica sobre la que se sustenta este acto, cuál es el motivo que ha llevado al Consejo Insular de Aguas y al Consorcio a tomar esta decisión. Va a tener repercusiones, consecuencias claramente desagradables en el marco jurídico para el futuro”, señala el consejero el PIL en el Cabildo, Fabián Martín.

“Esperamos que eso se haya hecho dentro de las medidas legales adecuadas para que eso al Cabildo no le cueste nada y no tenga repercusiones para los lanzaroteños”, apunta por su parte el portavoz del PP en el Cabildo, Ángel Vázquez.

“La decisión que se tomó desde el Consejo Insular de Aguas está apoyada por informes jurídicos. Una vez que el diálogo se rompe y no hay acuerdo hay que tomar una decisión”, señala sin embargo el vicepresidente del Cabildo, Joaquín Caraballo.

Las formas empleadas, con una denuncia ante la Guardia Civil y un cerrajero, no son aprobadas por la oposición, pero el vicepresidente asegura que era la mejor opción.

“Parece a priori, sorprendente cuanto menos, que hayan accedido sin ningún tipo de cobertura legal o judicial a unas instalaciones que son privadas. No sé hasta que punto tienen ese amparo, ese derecho, los funcionarios en el ejercicio de su responsabilidad. No soy jurista y no sé con precisión cuál es el procedimiento”, apunta desde el PIL Fabián Martín.

“Toda la parafernalia que se ha montado. Yo creo que si estas cosas hay que hacerlas debe ser con la mayor discrección posible y no aparentar que se ha hecho una confiscación como si fuera otro Estado en el que no estamos. Creemos que se podía hacer de una forma más suave”, señala el popular Ángel Vázquez.

“Es un trámite complicado, engorroso, pero que en principio garantiza el suministro de agua, que es lo principal, a más de 6.000 personas, a más de 20 complejos turísticos y a más de 9.000 camas turísticas y, por otro lado, se intenta normalizar y se invita a la empresa para que continúe en el diálogo”, precisa el vicepresidente del Cabildo.

La empresa ha denunciado la incautación y serán los Juzgados los que decidan quién tiene la razón.