La PAH reclama a los partidos políticos un acuerdo de “mínimos” para una vivienda digna

Dan de plazo hasta finales de octubre para recibir las propuestas de las formaciones políticas

Lancelot Digital

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha puesto en marcha una nueva campaña estatal para exigir una Ley reguladora del Derecho a la Vivienda que “cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional”. La PAH de Lanzarote ha presentado la campaña ‘Exigencias PAH’ señalando que es “una interpelación directa a los partidos” de cara a las próximas elecciones generales, para que concreten esas medidas en una nueva ley.

En la interpelación de “mínimos” incluyen la dación en pago retroactivo, la reforma de la ley de alquileres, la movilización de vivienda vacía y alquiler social, así como los suministros básicos garantizados y la creación de un observatorio de la vivienda, La PAH pide que se concreten estas medidas en una ley por el derecho a la vivienda y da de  plazo hasta finales de octubre para recibir las propuestas de los partidos.

En este sentido, advierten de que la PAH “hará público y señalará a aquellos partidos que no nos hagan llegar su contrapropuesta o cuyas medidas no cumplan con la mayoría de estos requisitos de mínimos”

“Se trata, insistimos, de medidas de mínimos que hemos tratado de resumir y de simplificar para posibilitar una respuesta rápida por parte de los legisladores. Las medidas de esta campaña están todas cubiertas por La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, que reconocen "el derecho de todos a un nivel de vida adecuada para ellos y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda" (artículo 11)”, explican.

Medidas

En cuanto a las medidas concretas, la PAH reclama una dación en pago retroactiva y la condonación de la deuda (modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil), además de la eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

“No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad, en orden a considerar la vivienda habitual como un bien inembargable”, señalan.

Respecto al alquiler estable y asequible (Reforma de la Ley de alquileres) piden la regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento: los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los 5 años.

Asimismo, y cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable “se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas”.

Otro punto destacado de este acuerdo de "mínimos" es la vivienda accesible (Movilización de vivienda vacía y alquiler social). Es decir,  que las entidades bancarias garanticen un alquiler social para las personas deudoras de buena fe, y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional.

“En ningún caso” –dicen- “se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado. · En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda diferente a la que reside la familia o persona en situación de vulnerabilidad, éste realojo se producirá en la zona donde éstas tengan sus redes vitales y sociales”.

También exigen que se impida los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad, así como la creación de un observatorio de la vivienda compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil.