La patronal de la construcción atribuye los problemas en muchas obras públicas a que se adjudican a la oferta más barata

Pone como ejemplo la remodelación de la estación de guaguas y las obras pluviales de Arrecife

Lancelot Digital

La Asociación de Empresarios de la Construcción de Lanzarote (Aecl) ha expresado su “descontento” con la metodología de adjudicación utilizada por las instituciones, al entender que hay un “abuso en la puntuación basada en las bajas económicas”, es decir, en las ofertas con menor coste. Este criterio, según la asociación de constructores, “fomenta el canibalismo entre empresas e incentiva las ofertas temerarias”.
Así, para la Aect, “lo que en principio parece un ahorro, se traduce en obras sin terminar y paralizaciones o retrasos en la ejecución”, citando como ejemplos “los que viene sufriendo la obra de remodelación de la estación de guaguas o las obras de la red de aguas pluviales de Arrecife, en ambos casos debido a problemas económicos de las empresas adjudicatarias”.
“Se han realizado bastantes adjudicaciones a propuestas que rozaban lo temerario y que, como se ha evidenciado en las últimas fechas, al final en la cadena de subcontrataciones alguien no acaba cobrando o es la propia empresa adjudicataria la que termina quebrando”, agrega la patronal insular de la construcción, que considera que a partir de un 15 ó un 20 por ciento de rebaja, las obras “están condenadas a tener problemas”.
“Uno de los efectos colaterales en este incremento de las bajas temerarias ha sido la creciente competencia en los concursos de obra pública. Las empresas pugnan ahora por un volumen de proyectos que ha ido disminuyendo progresivamente con los sucesivos recortes de gasto público. Esta situación ha llevado a las constructoras a realizar rebajas cada vez más sustanciales en los presupuestos que presentan a las administraciones, y reducen hasta el límite los beneficios con tal de seguir trabajando”, explica la Aecl.
Por esto, esta asociación quiere “dejar patente que es un error conceder la obra a un contratista que se arriesga a hacer obras que alcanzan el 60 por ciento del precio de mercado, porque da lugar a situaciones de economía sumergida y pone en peligro el interés general por la falta de equilibrio entre precio y calidad.
Así, la AECL denuncia que determinadas instituciones han intentado aprovecharse de esta situación, y el supuesto “ahorro” inicial se ha traducido en infinidad de problemas para los usuarios, situaciones de riesgo e inseguridad ciudadana ante la paralización de determinadas obras, importantes costes para las administraciones; retrasos en la finalización del proyecto, costes de litigación y el coste del nuevo proceso de adjudicación; además de serios problemas para las subcontratas, muchas de ellas a punto de entrar en quiebra”.
En este sentido, la patronal de la construcción recuerda que ya denunció públicamente a finales de 2009 que esta práctica no sólo pondría en peligro la viabilidad de algunas obras y alargaría aún más las dificultades del sector, sino que además se traduciría en exceso de horas para los trabajadores y menor seguridad laboral. Además, “se están concentrando las adjudicaciones en grandes empresas y se está expulsando a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) de la licitación pública, lo que supone una restricción de la competencia”.

Propuestas
“Las obras de la red de aguas pluviales de Arrecife puede ser tan solo la punta del iceberg, y ponen de relieve la falta de ajustes a la situación real que en materia de precios se ha seguido desde las administraciones públicas”, puntualiza la Aecl, considerando a su vez que “valorar el precio de la oferta por encima de criterios técnicos y de calidad está introduciendo, como ha quedado patente, un riesgo grave para la viabilidad de los proyectos”.
Por eso, desde la Asociación de Empresarios de la Construcción de Lanzarote reiteran una serie de propuestas: que se contemplen los precios que marcan el mercado, regidos por éstos por la Fundación CÍEC; que se limiten las bajas económicas hasta un 15 por ciento, como ya sucede en otros concursos de servicios; que se tenga en cuenta los criterios basados en el fomento y mantenimiento del empleo, cuantificable mediante jornadas laborales de 40 horas, considerando así como criterio objetivo las mismas y desarrollando una fórmula adecuada de ponderación, las mejoras ofertadas como criterio objetivo, el programa de trabajo y compromisos de ejecución y los sellos de calidad; y que garanticen el buen hacer de las empresas, además de otros criterios que se puedan estudiar y adaptar dependiendo de la naturaleza de la obra a licitar.
Para la Aecl, “está en juego la salud de las pequeñas y medianas empresas de la isla, no sólo del sector de la construcción sino de muchos más ámbitos que actúan de manera directa e indirecta en la ejecución de una obra”, y es por este motivo que desde la asociación “se han interpuesto en el último año y medio, y por motivo de irregularidades en los pliegos de contratación, más de cincuenta recursos en distintos concursos de distintas administraciones tanto insulares como de la comunidad canaria, obteniendo la razón en una inmensa mayoría, demostrando así que queda mucho por mejorar en las distintas instituciones”.