La sombra del "caso mascarillas" continúa persiguiendo a Ángel Víctor Torres

El dictamen de la comisión de investigación señala al Ejecutivo canario durante la pandemia, mientras PSOE, NC y ASG denuncian una lectura política del caso

“Han sido, por tanto, algo más de dos años de trabajo, un periodo probablemente largo, pero inevitable”, señalaba Jesús Ramón, parlamentario de ASG.

De esta manera, más de dos años después se conoció el dictamen final de la comisión de investigación del caso mascarillas. El parlamento se dividió al respecto, pero este informe señaló al ejecutivo de Ángel Víctor Torres y al propio actual ministro de Pedro Sánchez. “Es lamentable que hoy el Partido Socialista, Nueva Canaria y ASG no den la cara, huyan, se escondan del pueblo canario que representa este Parlamento”, señalaba por su parte Fernando Enseñat, parlamentario del PP.

El informe salió adelante con 36 votos de CC, PP, AHI y Vox, mientras PSOE, Nueva Canarias y ASG abandonaron el pleno en protesta mostrando en el atril su desacuerdo y defendiendo el papel del gobierno de Canarias, justificando la situación con la que tuvo que lidiar. “En Madrid los dejaban morir porque se iban a morir igual. Hecho probado. Canarias actuó de forma ejemplar en el primer caso de COVID y con el posterior cierre en el hotel en Adeje. Hecho probado. Canarias creó comités de asesoramiento para dar veracidad y rigor científico a las decisiones políticas, como por ejemplo la desescalada educativa”, aseguraba por su parte Nira Fierro, parlamentaria del PSOE.

Mientras que Esther González, parlamentaria de NC-BC, apuntaba que “Para construir este relato también le era imprescindible otra cosa: borrar el contexto. Porque resulta fácil juzgar en el 24, en el 25 o en el 26, decisiones adoptadas en el año 20. Porque hoy sabemos cómo evolucionó la pandemia, y  qué decisiones funcionaron”.

Por su parte, el parlamentario de Vox Nicasio Galván fue muy contundente en su exposición. “Que ese político sigue hablando con una organización criminal y le dice: «No ha cobrado por un tema de comprobación. Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica o lo soluciona o la levanto para el aire. Esta mierda la resuelvo sí o sí». Imagínense que gracias a la UCO nos enteramos de que esa organización criminal le responde a ese político: «Te agradezco muchísimo todo lo que has hecho. Agradezco en el alma tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones. Y eso sí que cumplo. Un abrazo»”.

El caso se originó en 2020 tras el pago de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas FFP3 que nunca fueron entregadas. Torres rechazó el dictamen, calificándolo de sectario, manipulador y motivado por intereses políticos y electorales.