La UDEF registra durante 12 horas la sede del Servicio Canario de Salud por el 'Caso Mascarillas'
El Gobierno canario asegura que facilitará toda la información que se exija para saber qué ocurrió con los 4 millones en la compra de mascarillas que nunca llegaron a Canarias
Continúa la investigación por el Caso Mascarillas. En concreto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estuvo en la sede del Servicio Canario de Salud en la jornada del jueves realizando un registro de más de 12 horas en busca de archivos relacionados con el exdirector del Servicio Canario de Salud, durante el Gobierno socialista liderado por el hoy ministro Ángel Víctor Torres, y la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y cobro ilegal de comisiones.
Tras esta operación, Fernando Clavijo asegura que este gobierno facilitará toda la información que se exija para esclarecer los hechos de los 4 millones de euros en la compra de mascarillas que nunca llegaron a Canarias.
Clavijo defiende que por el bien de la democracia y por respeto a los ciudadanos canarios, se tiene que conocer la verdad.
Sin embargo, el presidente del ejecutivo autonómico mantiene una postura respetuosa con la presunción de inocencia y no utilizará estas causas judiciales para hacer política.
Conrado Domínguez ha optado esta semana por no declarar ante la Fiscalía Europea ya que considera que no se le ha facilitado toda la información de la causa. Tras varios mensajes entre intermediarios de la operación, la UDEF cree que el diferencial de 100.000 del contrato que pasó de 3.9 millones de euros a 4 se repartió entre cinco personas, una de ellas, el propio Conrado Domínguez, Al margen de esta investigación la Fiscalía Europea también estudia cuatro contratos del SCS pro un importe de doce millones y medio de euros en el marco del 'Caso Koldo' a la par que el Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria investiga la querella presentada por la Fiscalía Provincial por presuntos delitos contra la Hacienda Pública por la venta de material sanitario al SCS por valor de 23 millones de euros.
