La vivienda lleva la protesta a las calles y abre otra crisis para Sánchez
Junts anuncia su rechazo a los dos decretos mientras las acampadas aumentan la presión sobre el Congreso
- Lancelot Digital
La crisis de la vivienda ha saltado definitivamente de la calle al Congreso. El Gobierno afronta este viernes una votación especialmente complicada después de que Junts anunciara su rechazo a los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros, mientras las protestas y acampadas continúan en diferentes ciudades españolas.
El Ejecutivo ha decidido mantener la votación pese a la negativa de los siete diputados de Junts, cuyos votos resultan determinantes ante la fragmentación parlamentaria. La formación catalana sostiene que varias de las medidas planteadas pueden reducir la oferta de alquiler, elevar los precios y terminar perjudicando precisamente a las personas con mayores dificultades para acceder a una vivienda. Junts reclama al Gobierno que retire los textos y negocie una nueva propuesta.
Uno de los decretos incluye, entre otras medidas, la ampliación de la protección frente a desahucios de personas vulnerables hasta 2030 y nuevas restricciones sobre determinados operadores del mercado inmobiliario. El segundo aborda la renovación de los contratos de alquiler.
El Gobierno, sin embargo, se niega a retirar los textos. Fuentes del Ejecutivo defienden que son fruto de meses de negociación y mantienen la votación prevista para este viernes. Podemos respaldará ambos decretos, mientras PNV y Coalición Canaria apoyan el primero pero rechazan el segundo.
La presión llega desde la calle
La batalla parlamentaria coincide con una movilización que ha recuperado imágenes que recuerdan a las protestas del 15-M. La Puerta del Sol de Madrid afronta ya su sexta noche de acampada, con más de 1.300 tiendas y alrededor de 2.000 personas, según los últimos datos recogidos por RTVE. Parte de los manifestantes tiene previsto desplazarse este viernes hasta las inmediaciones del Congreso para seguir la votación.
Las movilizaciones surgieron tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, y han convertido el acceso a la vivienda en uno de los principales focos de presión social sobre el Ejecutivo.
La decisión final del Congreso marcará ahora el futuro inmediato de las medidas y abrirá un nuevo escenario en las relaciones entre el Gobierno y Junts, uno de los partidos de los que depende la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez.
