Lanzarote apuesta por su futuro con el nuevo Plan Insular

El Consejero de Política Territorial, Jesús Machín, aspira a aprobarlo inicialmente antes de terminar el mandato

Si todo marcha según lo previsto, el Consejero de Política Territorial, Jesús Machín Tavío, confía en que Lanzarote apruebe inicialmente el Plan Insular de Ordenación antes de que finalice el mandato de Oswaldo Betancort. “El documento ambiental unido al borrador se llama documento de alcance. Es el que va ahora al órgano ambiental y, cuando pase al órgano ambiental y volvamos a recibir un documento, se llamará avance y ya va a a exposición pública para su aprobación inicial”, explica.
Se trata de un plan que, según Machín Tavío, resolverá muchos obstáculos jurídicos que hoy limitan el desarrollo sostenible de la isla. “Es un plan que quita 104.000 metros de suelo turístico, que pasa del 42% al 60% de protección. Es un plan adaptable a la vanguardia del urbanismo en Canarias, que triplica la zona del sector primario y que, por lo menos, legitima ya la Granja Experimental y el matadero, que llevan no sé cuántos años sin tener una cobertura jurídica. O que, por ejemplo, establece zonas industriales donde tienen que estar y no en esta deriva que tenemos actualmente”.

El Plan también contempla medidas para el sector primario, apoyando a agricultores y ganaderos al facilitar la regularización de sus explotaciones y la posible instalación de una red de regadío. “Coge todo lo existente. Incluso, y voy al Plan de La Geria, que dentro del espacio natural protegido hay bastantes establecimientos, ya están recogidos. Porque, por ejemplo, dentro del espacio natural protegido hay uno que no puede poner el agua. ¿Por qué? Porque como no estaba recogido en el anterior, no se puede hacer nada, y está pasando unas calamidades tremendas”, explica.
Otro aspecto clave es la inclusión oficial del pueblo de El Golfo, actualmente en un limbo jurídico que dificulta su planificación y gestión. “En El Golfo, los vecinos, van a poder registrar su casa, excepto cuando esté en dominio público, que es una pequeña hilerita. Pero hemos conseguido que hasta en la zona de influencia de ese dominio público puedan registrarlas, porque ni siquiera las casas son suyas, precisamente porque no han podido registrarse”. 
El plan vigente data de 1991 y desde entonces se han sucedido más de diez años de intentos por actualizarlo. La última oportunidad se produjo durante la presidencia de la socialista Dolores Corujo, quien decidió desechar el avance de Ezquiaga en lugar de impulsar su aprobación.