Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura se dirigen al Parlamento Europeo cuestionando la nueva directiva sobre las prospecciones petrolíferas

Las instituciones de ambas islas creen que es "insuficiente" 

Lancelot Digital

Foto: Archivo Lancelot

Los presidentes de Lanzarote y Fuerteventura, Pedro San Ginés, y Mario Cabrera, han remitido esta semana una carta al presidente del Parlamento Europeo, Martín Schulz, cuestionando la nueva directiva que regula las actividades de exploración y explotación de yacimientos de gas y petróleo en alta mar en aguas de la Unión Europea.

El texto de esta normativa, aprobada el pasado mes de mayo, y ratificada por el Consejo Europeo este pasado lunes, 10 de junio, fue “minuciosamente” analizado por los técnicos de las administraciones canarias, a fin de evaluar el grado de protección que regirá la actividad petrolera en las aguas del archipiélago a consecuencia de las perforaciones profundas que Repsol pretende llevar a cabo próximamente frente a Fuerteventura y Lanzarote.

Tras el análisis de la norma aprobada, los cabildos de ambas islas expresaron públicamente su preocupación, ya que a su juicio,  “además de no garantizar responsabilidades a las compañías petroleras en caso de derrames, prevalecen las medidas para contener vertidos de crudo frente a las medidas de prevención a fin de que éstos no se produzcan”.

Asimismo, consideran que “la Directiva no contempla la incompatibilidad de operaciones de alto riesgo en geografías que alberguen alto grado de biodiversidad, que dependan del turismo, que se realicen en zonas de inestabilidad sísmica, o que sus poblaciones humanas se nutran al 100% de agua obtenida del entorno costero”.

Hasta ahora, la UE carecía de legislación específica para actividades petrolíferas y gasistas en mar abierto. Con esta nueva normativa, se establecen las medidas de seguridad que deben cumplir las empresas que quieran buscar combustible.

Repsol ya aseguró, por su parte, que aplicaría esta nueva normativa, y que incluso cumplirían con todos los estándares recogidos en la normativa de Noruega, que es más exigente aún, en lo que a seguridad y respeto medioambiental se refiere.