Lanzarote y Fuerteventura, unidas para reducir el impacto de las energías alternativas

Ambos cabildos apuestan por un modelo de transición energética adaptado a la realidad de ambas islas

Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han alineado sus posiciones para mostrar su rechazo al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), impulsado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

A través de un manifiesto conjunto, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, han reafirmado su compromiso con la defensa del territorio, el paisaje y un modelo de transición energética adaptado a la realidad de ambas islas.

Precisamente, Oswaldo Betancort se refirió a este asunto para tranquilizar a la ciudadanía. “Que quede tranquila la ciudadanía de Lanzarote y de La Graciosa, que sí queremos energías renovables, pero no queremos destrozar nuestro territorio y no queremos energías renovables a cualquier precio. Por tanto, creo que hemos dado muestras de que los SEIBI son importantes, pero lo recurrimos absolutamente todo y las energías renovables tienen que capitalizarlas desde lo público y el territorio de Lanzarote tiene que preservarse, no podemos permitir que se cometan destrozos dentro del propio territorio que hemos preservado en esta legislatura”.

Por su parte, el consejero de Política Territorial, Jesús Machín Tavío, reconoció que la publicación de los mapas iniciales de estas zonas ha generado preocupación social, al considerar que podrían favorecer la implantación acelerada de grandes instalaciones energéticas en suelo rústico.

Los cabildos de ambas islas defienden que la transición energética debe priorizar la instalación de energías renovables en cubiertas y edificaciones ya existentes antes de ocupar suelo rústico. “Lo que pretendemos con este manifiesto es dejar clara nuestra postura, que queremos la transición energética, pero de una forma justa, sostenible y sobre todo, que no implique, en este caso, la destrucción del territorio o impactos visuales que no queremos para ninguna de las islas. Apostamos por una transición en techo, en cubierta, donde se haga un estudio detallado de las necesidades y de las posibilidades que tienen todas las cubiertas de la isla para poder transicionar. Y también lo que queremos es que sea el cabildo, en este caso los cabildos, los que tengan la última decisión. Nosotros conocemos el territorio, conocemos a nuestra gente, conocemos lo que quiere la ciudadanía”, asegura.

Ambas instituciones también alertan sobre el decreto de enero de 2026, que elimina la evaluación ambiental para ciertos proyectos en la ZAR.

El PSOE pide paralizar la zona de renovables

Por su parte el PSOE ha registrado en el Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley para paralizar la polémica Zona de Aceleración de Energías Renovables (ZAR) prevista en la isla, que afectaría a más de 3.100 hectáreas. La iniciativa, presentada por María Dolores Corujo y Marcos Bergaz, busca que no se avance en la tramitación hasta lograr un consenso real con las administraciones locales.

Los socialistas critican el acuerdo firmado en julio por Oswaldo Betancort (CC) y Mariano H. Zapata (PP), que consideran pone en riesgo el paisaje y el territorio de Lanzarote. Además, denuncian la falta de coordinación entre Cabildo y Gobierno de Canarias, que ha derivado en meses de conflicto institucional y retrasos en la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en el protocolo.

Bergaz subraya que, aunque apoyan las renovables, estas deben desarrollarse sin comprometer el territorio ni el paisaje y con consenso institucional, y recuerda que Betancort ahora pretende desmarcarse de un proyecto que él mismo firmó y respaldó en el Parlamento.

La iniciativa socialista insta al Ejecutivo autonómico a impulsar las renovables de manera consensuada con Cabildos y Ayuntamientos y a resolver el conflicto institucional antes de continuar con la ZAR en Lanzarote.

La introducción de energías renovables en Lanzarote sigue generando polémica, y parece que ahora los dos grandes partidos de la isla coinciden en apostar por un control público de las mismas.