Las cofradías de pescadores de la isla piden al Ministerio la autorización de 35 barcos

Cabildo (con la abstención de SOMOS y Podemos) y Yaiza se suman al rechazo de los marineros a la nueva orden pesquera, que consideran que conlleva "efectos negativos" para el sector

Lancelot Digital

Tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Yaiza se han sumado "al clamor" de las cofradías de pescadores de Lanzarote para que el Gobierno de España estudie y considere sus alegaciones a la orden ministerial por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima y se establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional canario.

En el Consistorio sureño se aprobó el viernes una moción con el voto a favor de todos los grupos políticos, en la que se pide al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "un periodo de diálogo franco y abierto con los marineros para consensuar las reformas oportunas, siempre en defensa de los intereses comunes del sector pesquero de las Islas". Y es que, añaden desde el Consistorio, "Playa Blanca y la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas argumentan que el texto de la orden con fecha de 30 de noviembre de 2015 no recoge las demandas de los marineros canarios".

El Ayuntamiento de Yaiza hace un llamamiento a los responsables técnicos y políticos del Ministerio "a dialogar y consensuar las decisiones" con los legítimos representantes del sector en las Islas. Las cofradías consideran que el último borrador del texto aprobado no contó con su opinión y por ello han decidido alegar.

En el caso concreto de Lanzarote, "el documento de alegaciones expone demandas, debidamente argumentadas, relativas a especies autorizadas para pescar con las artes de cerco, características técnicas de las artes de trampa, control de nasas, zonas autorizadas para la pesca con artes de enmalle y características técnicas del palangre de fondo".

Una de las alegaciones de la Federación Provincial apunta al plan de pesca con artes de trampa en aguas exteriores de Fuerteventura. En concreto demanda que en el apartado de buques autorizados se añada los puertos pertenecientes a Lanzarote con 15 embarcaciones en Playa Blanca, 10 en Arrecife y 10 más en Puerto del Carmen.

La Federación recuerda que históricamente las embarcaciones de Lanzarote han ido a faenar a la isla vecina de Fuerteventura. La propuesta dice textualmente que “todas las licencias de pesca son iguales y se refieren a un único caldero nacional de Canarias, porque si todas las islas empezáramos a cerrar las aguas como cotos insulares al final acabaríamos teniendo ocho caladeros insulares en lugar de uno regional”

"Efectos negativos" para el sector

En este mismo sentido se pronunció el pasado viernes el pleno del Cabildo, con el voto a favor de todos los grupos políticos, a excepción de de Podemos y Somos Lanzarote, que se abstuvieron. En el acuerdo se hace constar que dicha orden ministerial conlleva “efectos negativos” para el sector, “afectando directamente a los medios de vida de los pescadores así como a la economía y al empleo”, por lo que se decide apoyarles “en su demanda a la Secretaría General de Pesca Marítima y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que modifique la citada orden”.

El Cabildo trasladará al Parlamento y al Gobierno de Canarias esta iniciativa, adoptada a instancias de las cofradías de pescadores de San Ginés, Playa Blanca y La Tiñosa, que se oponen a la citada orden, entre otras cuestiones, por no recoger “los usos y artes que venían siendo utilizados tradicionalmente por el sector, así como el establecimiento de restricciones a la hora de pescar con los artes de trampa, como es la nasa y tampoco se recoge la utilización del cerco esencial para la flota atunera, ni el empleo del cazonal en la zona de La Santa”.

El consejero responsable del área de Pesca del Cabildo de Lanzarote, Antonio Morales, resaltó la conveniencia de que se lleve a cabo la modificación de dicha orden ministerial “ya que la aplicación de la misma afectaría negativamente a la estabilidad laboral de los profesionales del sector, y que se consensúe con el sector pesquero y se tengan en cuentan las singularidades de Canarias”.