Las comunidades aplazan el reparto de menores inmigrantes

El preacuerdo alcanzado entre el Estado y Canarias provoca que el resto de regiones pidan tiempo para conocer detalles

El Archipiélago canario se encuentra en una situación “crítica” con respecto a la gestión de la llegada de menores migrantes no acompañados, pero por fin se comienza a ver la luz al final del túnel para la distribución de estos jóvenes a otras autonomías. Y es que el Gobierno central y el de Canarias han llegado a un “principio de acuerdo” sobre la modificación legislativa para establecer el reparto, aunque falta definir en qué condiciones, si por decreto ley o por proposición de ley. Sin detallar este u otros extremos de la propuesta, el Ministerio ha precisado que este inicio de convenio "llevará luego sus trámites parlamentarios" y ahora es el momento de conseguir los apoyos de los grupos políticos. A raíz de dicho principio de acuerdo, las comunidades autónomas han decidido posponer el reparto de 400 menores de Canarias y Ceuta hasta conocer más detalles del mismo, tal y como publica Tiempo de Canarias.

El Gobierno de Canarias ha urgido al Estado en varias ocasiones a finalizar el acuerdo para el reparto de estos menores, ya que la comunidad autónoma tutela en solitario a más de 5.600. Una situación que para la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado es “alarmante" dada la presión que se ejerce sobre los servicios de acogida, lo que ha provocado que se hayan tenido que acondicionar colegios en desuso para alojar a los niños y adolescentes que llegan desde África y “las previsiones a futuro son peores”. De ahí la urgente necesidad del Ejecutivo autonómico por  la modificación de los últimos flecos del contenido del artículo 35 de la ley de extranjería en unas semanas que “han sido intensas”, indicó Delgado.

Las comunidades autónomas han decidido posponer el reparto de 400 menores de Canarias y Ceuta que les había propuesto el Gobierno este martes para conocer más detalles de la reforma legislativa que prepara el Ejecutivo con Canarias acerca de un mecanismo obligatorio de reparto y entre peticiones de cambiar los criterios de derivación actuales. Sí se ha aprobado una partida presupuestaria de 15 millones -6 millones canarias y 4,5 millones para Ceuta y Melilla- para aliviar estas áreas de llegada, cuyos recursos asistenciales están tensionados.

Según ha informado a la salida de la reunión la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, la inmensa mayoría de la comunidades han apoyado aprobar esta partida presupuestaria y dejar otra, de 20 millones y que suponía el traslado de los menores, para una próxima Conferencia Sectorial que, previsiblemente, se celebrará en las islas. Delgado ha confirmado que las comunidades que han optado por aplazar ese reparto han querido esperar a tener más información acerca de la reforma legislativa anunciada este mismo martes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para establecer un mecanismo obligatorio de reparto a través de una modificación de la Ley de Extranjería.

Pero la consejera ha aclarado que "no hay firma de nada", sino que se trata de una propuesta de texto legislativo presentada por Canarias, que está siendo revisada por el Gobierno y que "se asumirá o no" por una Comisión Interministerial de Inmigración. Y que, en todo caso, tendrá que seguir un trámite parlamentario y, por lo tanto, recabar los apoyos de los diferentes grupos políticos, algo en lo que trabajará su Gobierno cuando tenga el texto y no "una llamada de teléfono". La Comunidad de Madrid ha sido una de las autonomías que ha exigido saber más de este texto antes de aprobar un nuevo reparto.

Según ha señalado en declaraciones a los medios la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, esta comunidad venía "dispuesta" a aprobar el acuerdo de reparto de menores propuesto por el Ministerio: 30 jóvenes con un presupuesto de 1,6 millones de euros en su caso. "Pero hemos conocido que el Gobierno está negociando por fuera, porque la ministra tampoco sabemos si estaba informada, unos criterios de reparto obligatorios e impuestos en base a un acuerdo bilateral con una comunidad autónoma y no con todas, con lo cual hemos solicitado posponer esa votación hasta que conozcamos la información y se tengan en cuenta nuevos criterios de reparto en base a la nueva situación", ha explicado Dávila.

Sobre estos nuevos criterios, ha mencionado que el actual modelo, acordado en 2022, no tiene en cuenta el nivel de ocupación de los recursos asistenciales actuales en regiones como Madrid y cabría abordar de nuevo la cuestión de la dotación presupuestaria que se otorga por cada niño. Por su parte, la ministra Sira Rego ha calificado de "sorprendente" por no haber podido sacar adelante el reparto planteado este martes, el cual, ha insistido, se había diseñado en base a criterios trabajados con las comunidades autónomas estas últimas semanas. Ha lamentado el rechazo de algunas comunidades del PP a este reparto y ha asegurado que "la presencia de la extrema derecha" en alguno de estos Gobiernos autonómicos ha sido un factor que "ha operado" en este caso. Sobre la reforma legislativa en la que trabaja el Gobierno junto a Canarias, ha insistido en que el acuerdo no está cerrado y se tratará de sacar adelante "lo antes posible".

La situación se ha agravado con la llegada de 15.982 migrantes a las Islas en los primeros cuatro meses de 2024, un 370 % más que el año anterior. "Canarias no puede afrontar un verano sin un acuerdo para la redistribución de estos menores con el resto del Estado español", ha advertido Delgado. En este sentido, señala que "es crucial para el Archipiélago cerrar el pacto anunciado hace unas semanas con el Gobierno Central para la distribución de los menores migrantes no acompañados", dado que en los últimos meses se han abierto decenas de nuevos centros de recepción, a medida que más menores no acompañados se embarcan en la peligrosa ruta canaria desde Senegal, Mauritania o Marruecos. En concreto, ya han solicitado el cuartel de El Fuerte de La Palma, que se utilizó durante la emergencia volcánica como centro de operaciones y refugio para los primeros desplazados, y también otros destacamentos militares en El Hierro y en Lanzarote.

Actualmente se encuentran tutelados por el Gobierno Canario el triple de lo que sería recomendable y aconsejable para atender de la mejor forma a estos niños y adolescentes. Desde el 1 de junio al 10 de junio, han llegado 200 menores más. Cifras que suponen que uno de cada tres menores extranjeros no acompañados tutelados en España vive en Canarias. Con un sistema saturado, pese a los esfuerzos, es difícil trabajar de manera integral y, además, dificulta su inclusión cuando llegan a la edad adulta, lo que provoca que muchos de ellos se encuentren en situación de calle cuando cumplen 18 años.

La emergencia migratoria en las Islas Canarias pone en el centro la necesidad de contar con un plan coordinado de acogida y protección de la infancia migrante y refugiada para evitar las vulneraciones de derechos de los niños y niñas. La infancia no puede ser víctima de la improvisación y se necesita de un modelo consensuado y estatal para la acogida y protección de la infancia migrante y refugiada sola, que pueda ponerse en marcha en situaciones de emergencia.

El texto proyecta que la herramienta de derivaciones obligatorias se activará cuando el sistema de acogida de una comunidad autónoma esté a un 150 % de su capacidad. En este sentido, el Archipiélago alberga 2.000 plazas, con la que al llegar a las 3.000 -que sería el 150 %- comenzarían las derivaciones. Una vez que se pone en marcha la situación de contingencia migratoria extraordinaria se trasladaría a los menores en un plazo máximo de 15 días naturales desde su llegada.