Las ocho fuerzas políticas del Cabildo aprueban un acuerdo institucional con el fin de ayudar a los refugiados

Acuerdan consensuar una serie de medidas activas y solidarias que la institución podría llevar a cabo 

Lancelot Digital

Tal y como se acordó en el pasado pleno de la Corporación insular, la Junta de Portavoces, conformada por los portavoces de todas las fuerzas políticas con representación en la institución, acordó en pasados días consensuar un acuerdo institucional respecto a las acciones que desde el Cabildo de Lanzarote se podrían acometer respecto a la crisis humanitaria europea y conflicto que afecta particularmente a Siria y que ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas según Acnur.

“Este fenómeno, del que Canarias ha sido receptora, en crisis migratorias como la de los cayucos de 2006, precisan de apoyo y solidaridades amplias, del ámbito internacional”, según se recoge en dicho Acuerdo, en el que además se reconoce que “es necesario que todos los países se involucren al máximo en buscar soluciones a estos problemas”. Conforme al principio de solidaridad, solicitado por la Comisión Europea, “las Comunidades Autónomas, y en concreto Canarias, no pueden mirar para otro lado en esta crisis humanitaria”, se añade.

En virtud a esta situación y a la adopción de medidas activas y solidarias que se pudieran llevar a cabo desde el Cabildo de Lanzarote con el fin de ayudar a los afectados del drama humanitario que se está viviendo en Europa, los grupos políticos de CC, PIL, PSOE, PP, Somos Lanzarote, Ciudadanos, Nueva Canarias y Podemos adoptaron un acuerdo institucional, en el que el Cabildo muestra su apoyo y solidaridad a los refugiados, víctimas de la pobreza y de las guerras.

Asimismo, desde la institución se apoyará "en la medida de lo posible" el Plan de Ayuda a Refugiados puesto en marcha por las distintas administraciones (Estado, Gobierno de Canarias y Federación de Municipios) y se diseñará un plan mediante el cual la isla quede integrada en la red de territorios–refugio que se está articulando en el ámbito estatal e internacional.

Asimismo, se atenderá la solicitud de la Viceconsejería de Políticas Sociales del Ejecutivo regional y se propondrá al Estado que habilite los cuarteles generales que le son de su propiedad, para dar asilo a las personas refugiadas. "Estas instalaciones, actualmente infrautilizadas, cuentan con una capacidad de alojamiento para unas 600 personas. Estas plazas deberán ser dignas, con posibilidades de escolarización para los menores y de atención sanitaria y social", señalan desde el Cabildo.

Asimismo se apoyarán las medidas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para colaborar de forma coordinada con otras administraciones a través de la Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado creada por este organismo y se instará al resto de estamentos superiores a actuar de manera inmediata en el mismo sentido para que se articulen medidas adecuadas para que la ayuda humanitaria se organice con eficiencia suficiente a los fines aquí propuestos, recordando la obligación que tiene cualquier Institución de carácter democrático de respetar y defender los derechos humanos.

Por otro lado, se ha acordado solicitaral Estado central las medidas de cooperación internacional necesarias en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión Europea, así como a reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación con los países del Norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados y a seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro sus vidas. Se solicitará también al Estado la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a un mayor número de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la Unión Europea y se propondrá que apruebe cuando antes el Teglamento de la Ley reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria.

Por último, según este acuerdo, el Cabildo desarrollará una Mesa de Apoyo a Refugiados, o se sumará a las existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, "para realizar un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor atención y apoyo a estas personas".