Las "tres mentiras” de Ángel Víctor Torres

El diputado del Grupo Nacionalista José Alberto Díaz Estébanez considera que el expresidente socialista faltó a la verdad en relación con el Caso Mascarillas

El diputado del Grupo Nacionalista José Alberto Díaz Estébanez compareció ayer para contrastar el informe de la UCO con las declaraciones de expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres y el exviceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, ante la comisión de Investigación del "Caso Mascarillas".

Díaz Estébanez aseguró que hasta en tres ocasiones ha mentido el expresidente socialista Torres. En primer lugar “mintió en sede parlamentaria, en comisiones de investigación donde tiene obligación legal de decir verdad, al menos de forma más evidente. Mintió al decir que no había mantenido contactos con el señor Díaz Tapias, de Eurofins Megalab, el de los laboratorios que hacían los tests, con el señor Koldo, con el señor Aldama, con la señora Ana María Pérez, y además afirmó que jamás había mediado personalmente en favor de ninguna empresa en concreto en cuanto a la compra del material sanitario. Ha quedado acreditado que sí, tanto en la contratación como en los pagos”.

En segundo lugar, el nacionalista reprochó a Torres que intermediara en favor de distintas empresas. “Intermedió y participó activa y personalmente en favor de determinadas empresas en adquisición del material y el test de detección para los pasaportes vacunales, tanto en facilitar los contactos y trámites para su orientación a través de su mano derecha, Antonio Olivera­— sería atentar al sentido común pensar que la mano derecha no sabía lo que le ordenaba la inteligencia—, como en agilizar los pagos a dichas empresas por delante de otras en su misma situación e incluso en contra del criterio técnico expresado por funcionarios que hoy conocemos responsables de su tramitación, lo cual evidencia, como mínimo, un claro indicio de posible tráfico de influencias”.

Y en tercer lugar, matizó Díaz Estébanez, que Ángel Víctor Torres presionó o al menos lo intentó a funcionarios públicos. “Presionó o al menos expresó su voluntad de hacerlo, a funcionarios públicos para forzar su voluntad y criterio en la tramitación de esos pagos, que consideraba muy por encima del precio de mercado y no útiles para los fines contratados, lo cual podría constituir un ilícito penal de acoso laboral y abuso de posición de poder”.

Los nacionalistas consideran que no solo hay responsabilidad política en estas acciones, sino que el haber faltado a la verdad en comisión parlamentaria está castigado en el código penal con penas de seis meses a un año de prisión.