“Lo único que resolvió la Presidencia del Cabildo fue acatar lo que hasta en dos ocasiones han mandatado los Juzgados”

San Ginés hace estas aclaraciones, después de que el TSJC haya estimado un recurso del director de la Oficina del PIOT, aunque "no se pronuncia a favor o en contra de ninguno de los interesados"

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Foto: Archivo Lancelot

“Lo único que resolvió la Presidencia del Cabildo fue acatar lo que hasta en dos ocasiones han mandatado los Juzgados”. Así se ha manifestado el presidente de la institución cabildicia, Pedro San Ginés, tras conocerse que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha estimado un recurso de apelación interpuesto por Leopoldo Díaz, jurista y director de la Oficina del Plan Insular del Cabildo, quien fue apartado por San Ginés, tras orden judicial, para la elaboración de informes de compatibilidad en relación con licencias vinculadas a Montaña Roja.

San Ginés recuerda que este mandato judicial pedía que el Cabildo emitiese un nuevo informe de compatibilidad “por otros técnicos distintos”, por entender confirmada “la relación presente y pasada” tanto de Leopoldo Díaz como de Esteban Armas, otro de los técnicos apartados, “con la Fundación César Manrique” (FCM).

“La resolución acata un mandato con independencia de que tanto los dos funcionarios aludidos, como desde la Presidencia de este Cabildo se entienda que desde hace años no existen vínculos formales con la FCM”, aclara San Ginés.

Asimismo, el presidente del Cabildo matiza que  “la imposibilidad de recurso de reposición “fue reconocida inicialmente por el Juzgado de lo Contencioso”, cuya reproducción “es a lo que se limitó la Resolución de Presidencia por indicación de los Servicios Jurídicos de la Secretaria de la Corporación insular”.

“La reciente Resolución del TSJC lo único que ha hecho es reconocer el derecho del funcionario a recurrir la resolución anterior sin entrar en el fondo de la cuestión; es decir, no se pronuncia a favor o en contra de ninguno de los interesados. Esta Sentencia se limita a mandatar al Juzgado de lo Contencioso, que no a la Presidencia del Cabildo de Lanzarote, a retrotraer las actuaciones permitiendo así dicho recurso”, concluye el presidente.