Los acusadores populares en el caso de la desaladora de Montaña Roja podrían pagar costas millonarias
Carlos Meca, Pablo Ramírez y Plácida Martín, podrían hacerse cargo de los costes del proceso si salen absueltos los investigados
Los acusadores populares en la denuncia contra la incautación de las instalaciones de la planta desaladora de Montaña Roja se arriesgan a tener que pagar en costas unos 20 mil euros cada uno si, finalmente, el juez absuelve a los tres encausados en este proceso. En concreto, son los que todavía hoy actúan en nombre de Podemos, pero que se adhirieron a título personal a la denuncia, Carlos Meca Martín, Pablo Ramírez Cerón y Plácida Martín, los que se exponen a pagar con su patrimonio personal los altos costes monetarios de este procedimiento.
Según expertos juristas consultados por LANCELOT DIGITAL hay muchas posibilidades de que las defensas pidan al juez, si sus clientes salen absueltos, que condenen en costas a los “acusadores populares” por entender que hay temeridad y mala fe en sus denuncias. Es decir, es temerario que estas tres personas sigan exigiendo a título personal un juicio cuando el principal perjudicado por la incautación, la acusación particular (Club Lanzarote), se ha retirado del pleito y cuando el fiscal ha pedido el archivo de la causa inicialmente y, posteriormente, ha solicitado la absolución de los encausados. El fiscal entiende que Pedro San Ginés, presidente del Cabildo, Juan José Hernández Douchemín, miembro del Consejo Insular, y Francisco Perdomo, secretario general del Cabildo, no cometieron un delito de prevaricación cuando procedieron a incautar la desaladora.
La jurisprudencia señala que en casos de este tipo, donde la acusación particular se retira y la Fiscalía pide la absolución, el 99% de las veces los encausados salen absueltos. Además se puede considerar por parte del juez que en caso de seguir con la denuncia, en el ánimo de la acusación popular (en este caso tres políticos, aunque a título personal) no está el hacer justicia sino que buscan más la pena de banquillo (sentar a los acusados en un juicio a sabiendas de su inocencia). De ahí, que las defensas puedan solicitar el pago de las costas del procedimiento desde el inicio (minutas de los abogados, costes de los informes periciales, dietas de desplazamiento de los técnicos, entre otros gastos) a Carlos Meca, Pablo Ramírez y Plácida Martín, quienes se exponen a pagar con su patrimonio personal ese dinero, que calculan algunas fuentes en más de 20 mil euros para cada uno de los tres acusadores populares.
En este caso, más allá de la mala fe, que “parece evidente”, hay, a decir de los juristas consultados, “una obsesión política contra el presidente del Cabildo de Lanzarote de Carlos Meca no sólo porque la acusación particular se haya retirado de la causa y el propio fiscal haya pedido la absolución de los encausados, sino porque se ha demostrado finalmente que el interés general de los lanzaroteños, que defendía el Cabildo, ha salido beneficiado”.
Hoy Club Lanzarote, tras este acuerdo extrajudicial, reconoce el dominio público de sus instalaciones y paga un canon de 500.000 euros al Consorcio del Agua de Lanzarote y, además, a partir de ese acuerdo, cobra a los 5.000 mil residentes de Montaña Roja la misma tarifa que tienen el resto de los lanzaroteños, cosa que antes no ocurría al cobrarles tarifas más caras a los residentes de Playa Blanca.
Ya en el ámbito político todavía llama más la atención que unos representantes de Podemos, defiendan más el interés privado de Club Lanzarote que los intereses de una empresa pública.
En estos momentos, todavía se desconoce cuándo se va a celebrar la vista oral del juicio por la incautación pero todo apunta que será tras el verano, una vez que se celebren las elecciones.
