Los concejales de Arrecife tendrán que devolver todo lo que consuman de más con sus teléfonos móviles
Coinciden en la necesidad de discriminar el límite de gasto de cada edil en función de sus responsabilidades
Lancelot Digital
Foto: Kepa Herrero
El Pleno del Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Alternativa Ciudadana para aumentar el control del uso que hacen los concejales de los teléfonos móviles pagados a cada uno de ellos por el municipio y cuya factura puede ascender como tope a 120 euros mensuales.
De hecho, el alcalde Manuel Fajardo Feo anunciaba durante la sesión ordinaria celebrada este martes 5 de junio que “ya se ha iniciado el procedimiento para la devolución del dinero” por parte de quienes se excedieron en el gasto “desde el 1 de enero de 2012″. La cuestión “está en manos del departamento jurídico del Ayuntamiento” para ver la fórmula que se utilizará para ello, añadía el primer edil, quien aprovechaba para recordar que el actual equipo de gobierno “ha negociado con la compañía telefónica una reducción de las tarifas que supondrá un ahorro del 40 y hasta el 50 por ciento en esta próxima factura“.
Todos los ediles presentes se mostraron de acuerdo con la medida propuesta por Alternativa Ciudadana, justificada por Domingo García porque “hay facturas escandalosas que la gente en la calle no termina de entender, con toda la razón del mundo”. El ponente del partido asambleario aclaró, no obstante, que la cuestión “de fondo que habrá que revisar ya es la racionalidad del uso que hacemos de los medios que el Ayuntamiento pone a nuestra disposición: si es razonable que haya 25 teléfonos para 25 concejales y si es lo mismo el uso de teléfono del alcalde que el de la oposición”.
En esa misma línea, de diferenciar los márgenes de gasto de cada concejal en función de sus responsabilidades, se expresaron los portavoces de todos los grupos políticos en el recinto. Desde el PIL, además, Juan Jesús González Docal apuntó que “un problema grave” es que los ediles “no sabemos lo que gastamos” y propuso un sistema similar al que rige en el Cabildo insular, donde “se corta la línea cuando llegas al límite y hay que pedir la reactivación dando las explicaciones pertinentes”.