Los guagüeros echan el resto

El Ayuntamiento sigue defendiendo la gestión indirecta

Lancelot
Fotos: Kepa Herrero

El pulso que los trabajadores de las guaguas han echado al grupo de gobierno de Arrecife vive su momento álgido con la huelga indefinida que afecta al transporte público de la capital. Desde el miércoles 6, se operan únicamente los servicios mínimos con sólo dos líneas funcionando, la 1 y la 3, esta última con un solo vehículo. La media de espera ha aumentado y los usuarios de las guaguas las han notado mucho más abarrotadas de lo habitual.
“Ha habido un retraso de unos diez minutos, más o menos; los usuarios, que sobre todo son personas mayores o estudiantes a primera hora de la mañana, lo que más han notado ha sido que había más gente en la guagua”, explicaba el concejal de Transportes, Lorenzo Lemaur. Sin embargo, muchos usuarios hablaban de que el tiempo de espera, ya largo de por sí, se había duplicado.
La huelga, y sus consecuencias, constituyen la medida más dura con la que los trabajadores han demostrado hasta ahora su conocido rechazo a la gestión indirecta de las guaguas. Concentrados frente al Ayuntamiento, los chóferes mostraron su desconfianza por la externalización del servicio, que ellos llaman directamente privatización. El mayor temor es que los once trabajadores eventuales de las guaguas municipales radica en que puedan ser despedidos.
“Una de las propuestas del Ayuntamiento es que hablará con la empresa que coja el transporte para que los 11 trabajadores eventuales sean contratados y, en el caso de que fuesen despedidos, el Consistorio se compromete a indemnizarles a razón de 45 días por año”, explicaba la secretaria insular de CCOO, Victoria Sande, miembro del Comité de Huelga.
Sin embargo, esta idea fue rechazada: “Los trabajadores no quieren el dinero, lo que desean es mantener su puesto de trabajo con garantías, no que se les contrate con un nuevo convenio colectivo y que encima a los dos meses se les pueda despedir”.
En la misma línea se muestra el presidente del Comité de Empresa, José Cabrera, que exige que los empleados eventuales sigan conservando sus derechos: “Nos dijeron que la empresa que subrogará el servicio se haría responsable de los trabajadores con las mismas condiciones pero ahora nos dicen que no”, se queja.
Sin embargo, Lemaur asegura que estos puestos de trabajo no corren ningún riesgo: “Los empleados tienen la garantía de que no van a ser despedidos; aunque no me gustaría entrar en detalles porque todos estos aspectos se encuentran dentro de la negociación, estamos dispuestos a negociar con la empresa que coja el servicio para que a los trabajadores se les garanticen sus derechos; eso sí, siempre dentro de las condiciones del sector el transporte”.

El quid, las condiciones laborales
Es precisamente este punto, el de perder calidad en sus condiciones laborales, el que enfrenta a los trabajadores y al grupo de gobierno. Los guagüeros cuentan con el apoyo de la oposición, sobre todo del PSOE y de Alternativa Ciudadana, y con la complicidad de varios medios de comunicación cercanos a los socialistas. Todos ellos han vendido la gestión indirecta del transporte público capitalino como una privatización con la que el Consistorio saldría perdiendo.
Sin embargo, el concejal de Transportes se ha cansado de repetir que el Ayuntamiento mejorará el servicio, disminuyendo el tiempo de espera y aumentando las paradas, para lo que contará con una guagua más. Unas mejoras que si fueran realizadas con el dinero del Consistorio, le costaría 1,8 millones de euros, mientras que si lo hace una empresa privada, la cantidad que saldrá de las arcas municipales será de 1,2 millones de euros. Es decir, que se producirá un ahorro de 600.000 euros que el grupo de gobierno destinaría a otros fines.