Los inmigrantes de la patera que chocó con la patrullera de la Guardia Civil frente a Costa Teguise demandarán al Estado
El accidente causó la muerte de uno de ellos, mientras otros siete desaparecieron.
Lancelot Digital
Los inmigrantes supervivientes de la patera que naufragó en Lanzarote el 13 de diciembre tras chocar contra una patrullera de la Guardia Civil van a interponer una demanda colectiva por responsabilidad patrimonial contra la Administración del Estado y recurrirán su expulsión.
Según informó el periódico Canarias 7, el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, confirmó a la agencia Efe que dos letrados de oficio de ese colegio prestan atención jurídica a esos 17 inmigrantes, de origen marroquí, con ese fin, después de que ellos la solicitaran.
El choque entre una patera y una embarcación de la Guardia Civil, causando la muerte de un inmigrante, mientras que otros siete están desaparecidos, se produjo porque una avería en la embarcación de la Benemérita dejó a ésta sin control.
Así lo admitió la propia Delegación del Gobierno en Canarias, que días después del trágico hecho acabó admitiendo que esta avería había dejado “mermada” la capacidad de maniobra de la embarcación, haciendo que el choque fuera “irremediable”.
Como se recordará, familiares y amigos de los 25 magrebíes cuya patera naufragó frente a Costa Teguise tras chocar contra la patrullera que iba a rescatarla, se manifestaron frente a la Delegación del Gobierno en Lanzarote reclamando la verdad del accidente.
Internados
Según publicó el diario Canarias 7, los inmigrantes supervivientes, internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, pidieron al Juzgado de Instrucción que supervisa ese centro que les asignara un abogado de oficio para tramitar su reclamación, ha informado Espinosa.
En principio se les había asignado uno en Lanzarote, pero los inmigrantes pedían otro más próximo, en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que el Colegio de Abogados de Las Palmas, tramitó su solicitud y designó a dos letrados de la capital grancanaria.
