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Los populares lanzaroteños contra la ‘Ley Celaá’

Llevarán a cabo una campaña en redes sociales, una recogida de firmas y presentarán mociones en las instituciones exigiendo la retirada de la ley

 

  • Lancelot Digital
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    El Partido Popular de Lanzarote, que ya luce en su sede los lazos naranja identificativos de la reivindicación,  se sumará activamente a la campaña puesta en marcha para exigir la retirada de la ley orgánica de modificación de la LOE, conocida como la 'Ley Celaá aprobada por el Congreso de los Diputados.

     

    Para los Populares la nueva ley atenta directamente contra la libertad educativa y el derecho que tienen los padres a elegir la educación y el centro, ya sea público, privado o concertado, en el que quieren escolarizar sus hijos.  Un derecho que garantiza la Constitución y que el texto echa por tierra.

     

    El modelo educativo propuesto por el Gobierno está teñido de ideología y sectarismo, al margen de que se ha tramitado sin el consenso necesario y sin que se haya dialogado con la comunidad educativa. Estamos ante una ley que deja morir la educación infantil, que no reconoce el castellano como lengua oficial del Estado y su carácter vehicular en el sistema educativo, que suprime la cultura del esfuerzo, la calidad y la excelencia, y que quita autoridad al profesorado.

     

     

    Los Populares lanzaroteños han comenzado ya algunas de las acciones que se incluyen en esta campaña con mensajes y vídeos de los dirigentes insulares en redes sociales, encabezados por la presidenta insular, Astrid Pérez. También está previsto una campaña de recogida de firmas y la presentación de mociones en todas las instituciones públicas para exigir la paralizada de esta ley.

     

    Así lo explica el vicesecretario de Acción Sectorial del PP de Lanzarote, Juan Monzón. "Pondremos en marcha una serie de campañas en redes sociales para explicar qué ley se ha querido implantar e imponer y arrancaremos también con una campaña de recogida de firmas para tratar de tumbar esta Ley", explica. "Esta Ley ataca el derecho de las familias a elegir en qué centro quieren que estudien sus hijos. Todos los centros, público, concertado y privado, se deberían potenciar para dotar a nuestros niños de mayor oferta educativa".

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