Lunes, 06 Abril 2026
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Una demanda contra la Consejería de Educación bloquea su actividad

Lancelot Digital

Los auxiliares de conversación en inglés de los colegios públicos de Canarias han roto su silencio mientras llevan desde que comenzó el curso escolar esperando por incorporarse a sus puestos de trabajo, con el consiguiente daño que se le produce a la educación lingüística de los alumnos que se ven privados del papel que realizan los profesores nativos de inglés.

En Canarias hay 323 auxiliares de conversación, que se encuentran a día de hoy sin trabajo y sin derecho a paro ni ayudas debido a una demanda interpuesta por la seguridad social contra la Consejería de Educación del Gobierno por contratación irregular.

El proyecto CLIL (Content and Language Integrated Learning) es un proyecto para la promoción de aprendizaje de idiomas y diversidad lingüistica en el que los auxiliares de conversación trabajan desde hace ya unos cuantos años. Este proyecto de Auxiliares de Conversación de Inglés es una experiencia de inmersión lingúistica y cultural, que fue promovido por la entonces Consejería de Educación del Gobierno de Canarias desde el curso 2001-2002, como apoyo a otras iniciativas europeas.

Según la propia Consejería, “desde entonces este programa ha servido para mejorar la competencia lingüistica y cultural del alumnado de aquellos centros que cuentan con este recurso y, también, del profesorado”. En el curso 2010-2011 fueron 407 centros los que se incluyeron en el proyecto que, por otra parte, fue premiado en el 2006 con el sello europeo a la innovación educativa en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Para poder trabajar como auxiliar de conversación, los profesores han de ser nativos de inglés y darse de alta como autónomos. La Consejería de Educación, a través de de los centros de profesorado, se encarga de pagar el salario del que ya retiene previamente el IRPF.

Este curso, “concretamente el 27 de agosto, 3 días antes de empezar a trabajar, nos íbamos a dar de alta en la Seguridad Social pero nuestro coordinador del programa nos envia un correo adjunto de la Consejería de Educación donde nos informan que están ‘reorganizando ciertos aspectos del programa y que esperan que todo esté resuelto para finales de Septiembre’, fecha aproximada en la que supuestamente comenzaríamos a trabajar”, nos informa uno de los profesores que añade que lo que había era “una demanda de la Seguridad Social de Tenerife a la Consejería de Educación por contratación irregular”.

Los profesores afectados quieren dejar claro que “esta demanda se produce -tal como reconoce Manuela Armas a los medios de comunicación- por parte de la Seguridad Social, no porque haya habido ninguna denuncia de un auxiliar. También reconoce Manuela Armas que es un problema heredado del anterior equipo a cargo de la Consejería”.

La Consejería de Educación ha recurrido la sentencia y “mientras tanto, hasta que solucionen como contratarnos, nosotros estamos sin trabajo y los centros de profesorado tienen las partidas de dinero para nuestros sueldos pero sin poder usarlos. Pensamos que es muy sencillo encontrar otro tipo de contratación, por ejemplo, como el personal de comedor, con contratos discontinuos como los administrativos… Tienen los fondos pero mientras puedan ahorrarse el dinero lo están haciendo y mientras tanto los alumnos quedan privados del desarrollo del proyecto”, señalan los auxiliares.

Los profesores, según han hablado con sus respectivos centros de trabajo, han sabido que “la Consejería ha dado orden de no cancelar el proyecto, que sigue en activo y de hecho figura en los Boletines Escolares del curso 2011-2012 que se entregan a los padres, pensando estos que sus hijos se siguen beneficiando de este proyecto pero no es así”.

Los profesores concluyen que “sabemos que existe la demanda de la Seguridad Social por los periódicos, no hemos recibido ninguna noticia oficial, no sabemos nada más, solamente que este proyecto, que está consolidado en la mayoría de colegios públicos canarios está paralizado, con lo que ello implica de inevitable retraso de la programación del proyecto y el perjuicio directo para el alumnado receptor”.


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