Los propietarios de VV tendrían un año para legalizar sus negocios

Así será si se introducen las enmiendas "in voce" presentadas durante el debate de aprobación de la nueva normativa

El Gobierno de Canarias no aprobará ningún decreto-ley para modificar la conocida como Ley de la Vivienda Vacacional turística, que entró en vigor el pasado sábado día 13, tal y como ha asegurado la Asociación Canaria de Viviendas Vacacionales (Ascav). El director general de Ordenación del Turismo, Miguel Ángel Rodríguez, lo aclaró ayer, lunes 15, durante su intervención en Café de Periodistas. “El Gobierno no tiene previsto sacar ningún decreto ley, menos en el sentido de esa nota de ASCAD. Y lo único que ha quedado pendiente, como es público y notorio, es aquello que manifestaron los grupos políticos que apoyan al Gobierno, que son una serie de enmiendas en voce que no pudieron ser objeto de votación y que plantearán si, a través de alguna otra vía intentan incorporarlas. Y eso sí supondría una modificación del texto”.

Por otro lado, Rodríguez señaló que, si finalmente se incorporan a la Ley aprobada las enmiendas "in voce" presentadas por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo, se concederá un plazo de un año para regularizar aquellas viviendas que actualmente cuentan con título habilitante. “Las que plantean los grupos que apoyan al Gobierno es la posibilidad del periodo de un año de legalización de aquellos que incumplieron Actividad Clasificada. Por lo tanto, a día de hoy, respecto de las ya existentes, no tiene sentido. Es mi opinión, podrá haber otras opiniones, pero sí es verdad que de cara a los próximos meses, en relación con esas enmiendas que quedaron pendientes, sí barajan la posibilidad de un año para regularizar, legalizar, cumplir aquello que incumplieron en relación con las Actividades Clasificadas”.

El considerado padre de la Ley del Vacacional en Canarias recomendó a los propietarios de viviendas vacacionales que aún no hayan iniciado el proceso de regularización en sus ayuntamientos que esperen a que los cabildos y los propios consistorios presenten un plan de regularización —algo que ocurrirá en los próximos meses— y que, mientras tanto, vayan cumplimentando los requisitos exigidos por la normativa de Actividad Clasificada. “Se puede montar un bar, una pirotecnia o una guardería, y les atribuye la competencia de intervención al mercado inmobiliario. Esperemos que lo hagan con la diligencia debida y pueden hacerlo con una ordenanza provisional municipal, que es muy fácil de redactar y de tramitar, si quieren habilitar hasta el 10 %. Y si ya quieren habilitar más del 10 % del parque de vivienda, ya tienen que ir a otro instrumento de ordenación urbanística y hacer su estudio de capacidad de habitación”.

Miguel Ángel Rodríguez recomendó asimismo a los ayuntamientos que inicien los procesos de adaptación de su planeamiento urbanístico para permitir que el 10% del suelo residencial actual pueda destinarse a uso turístico, algo que hasta ahora solo han realizado tres de los 88 ayuntamientos existentes en Canarias. “Quienes presentaron la declaración responsable en la buena fe, en la confianza de que lo hacían correctamente, lo dijimos desde el primer día, que sigan durmiendo tranquilos. Lo que sucederá a partir del sábado es lo siguiente. Por un lado, los cabildos y, por otro lado, los ayuntamientos. Los cabildos tienen que preparar un plan de comprobación de esa declaración responsables para ver si se presentaron correctamente. Y si incurrieran en omisión, inexactitud o falsedad de datos esenciales, no de datos circunstanciales accesorios, previa audiencia de los ciudadanos, podrían dejar sin efecto esas declaraciones responsables. Por lo tanto, a día de hoy, que esperen a que los cabildos elaboren sus planes de comprobación y los aplicarán en los próximos cuatro años”.

El director general de Ordenación Turística expresó su confianza en que la mayoría de las viviendas vacacionales puedan cumplir con los requisitos exigidos por la nueva Ley, aunque existen estimaciones de la FECAM que apuntan a que un tercio de la actual oferta de viviendas vacacionales podría resultar ilegalizable por diversas casuísticas.