María Salud Gil: “El sector evoluciona positivamente, pero queda mucho por hacer”

La presidenta de la AECP asegura que las previsiones apuntan a un crecimiento en los próximos dos años entre el 2,8 y el 3%

-¿Se ha recuperado ya, tras la crisis, el sector de la construcción? ¿Cuáles han sido las claves?

 -Una pregunta con mucha enjundia para responderla en síntesis, pero podemos afirmar que nos queda mucho camino por andar para recuperarnos. La pérdida de 8.000 empresas y casi 100.000 empleos, con una industria que llegó a niveles del – 93% de actividad ha dañado profunda y seriamente al Sector en sus estructuras. Casi un 38% de empresas desaparecidas son especializadas y más del 40%,  constructoras, lo que nos ha debilitado desde el punto de vista competitivo y aunque las expectativas son buenas nos tememos que la inestabilidad política ralentice el despegue. Se dan los elementos necesarios para entrar en una dinámica de crecimiento sostenido si somos capaces de gestionar el momento económico y las oportunidades de inversión que tiene Canarias. Las empresas están dispuestas a arriesgar, a dinamizar la economía; vuelven a recuperar la confianza y eso está directamente vinculado al bienestar social. Estamos tardando en echar a correr. Las claves están en muscular la capacidad de gestionar los recursos económicos que vienen a Canarias, modular las políticas en materia de vivienda e infraestructuras desde la perspectiva técnica y en establecer sinergias permanentes con el sector privado a través de sus organizaciones representativas, y por nuestra parte ser capaces de establecer estrategias empresariales tendentes a aunar esfuerzos, a trabajar de forma consorciada para ser más competitivos y dar una adecuada respuesta.

-¿Podría volver a caer el sector en una nueva recesión?

-Más que hacer de agoreros de posibles recesiones elegimos ser portavoces de nuestra voluntad de emprender, de nuestra capacidad de crecer. Aún no hemos terminado de coger aire y ahora vamos a concentrarnos en respirar. Las previsiones apuntan a un crecimiento en los próximos dos años entre el 2,8 y el 3%.

-¿Está tirando del sector la inversión pública?

-En la provincia de Las Palmas los datos de Enero arrojan una cifra negativa en el parámetro de licitación. En enero de 2018 se licitó un 27,9 % menos que en el mismo mes de 2018, si bien en valores acumulados a Diciembre de 2017 se produjo un incremento del 17,4 % respeto de 2016 pero eso supuso una inyección de apenas 40 millones de euros; una cifra que apenas tiene efectos. Ahora mismo no es la inversión pública la que tira de forma significativa, aún cuando se ha reactivado positivamente hay que esperar a las adjudicaciones para que las obras sean una realidad y la inversión circule pero pronto habrá un repunte importante de las cifras y tenemos que estar preparados para abordar esa actividad.

-¿Cuáles son los principales problemas en la actualidad de este sector en la provincia de Las Palmas?

• Tras la pérdida de tejido productivo (a dijimos que hemos perdido más de 8000 empresas), se hace necesario generar acciones conjuntas con la Administración para motivar la consolidación y capacidad competitiva de nuestra industria y de las empresas que han sobrevivido. Nos preocupa mucho la tendencia alcista de autónomos en nuestro Sector. Hay que profesionalizar esta tendencia, no podemos caer en errores del pasado. Las empresas que se creen deben responder a la especialización y no a la tentación de la competencia desleal.
• Como consecuencia de esa pérdida de tejido productivo, en el mercado está proliferando la aparición de empresas no radicadas en Canarias cuyo modus operandi enturbiará nuestra actividad.
• Intento convencer a nuestros representados de que tenemos que unir nuestras fuerzas y establecer acuerdos de cooperación de los unos con los otros para poder competir con fuerza frente a este fenómeno que se nos avecina y reforzar también a nuestros industriales para que no tengan que presenciar que pese a las inversiones que van a producirse sus productos no pueden competir con el exterior.
• Vamos a estar atentos a las reglas del juego. Nuestros servicios jurídicos harán muestreos de los Pliegos de Condiciones que vayan saliendo para garantizar la igualdad de trato y máxima concurrencia.
• Por otro lado, una de las cuestiones más preocupantes es que pese al dinamismo que están mostrando nuestros empresarios, la burocracia reviente la planificación de los inversores y eternice el desarrollo de su actividad. Lo demás lo iremos solventando.

-¿Hay profesionales suficientes en la isla?-¿La formación de los profesionales en las islas es suficiente?

-Hay suficientes desempleados registrados en el desempleo como para cubrir nuestras necesidades, pero la realizad es tozuda y lo aberrante de la situación es que estamos teniendo problemas para captar personal con el perfil requerido. Por un lado muchos profesionales optaron por irse a otros sectores, al mismo tiempo se han producido jubilaciones de los que denominábamos “maestros” que sabían casi más que los técnicos y nuestra tasa de reposición es del 6%.  Hay que determinar el perfil de los desempleados del sector, calibrar sus cualidades y capacidades. En algunos casos podríamos acreditarlos a través de la Fundación laboral de Construcción y en otros deberían ser encauzados hacia una formación que permita su inserción. Eso ayudaría también a reducir la economía sumergida y la tentación de cobrar prestaciones y trabajar irregularmente. Pero eso no resuelve la inmediatez y la realidad es que empezamos a preocuparnos seriamente por esta cuestión, máxime cuando –de hecho– ya se está trayendo personal de fuera y nos topamos con el problema de que no hay viviendas para el alquiler tradicional, lo que dificulta el alojamiento de ese personal. Espero que tomemos cartas en el asunto pronto porque, de lo contrario, nos veremos como en los años en que los trabajadores se alojaban en barracones.

-¿Qué pasa en Canarias con el precio de la vivienda?  Si estuviera en su mano… ¿cuál sería la política de vivienda ideal?

-Casi tendría que hacer una tesis doctoral para contestar a estas preguntas pero intentaré sintetizar:

• Las viviendas en canarias son más baratas que en el resto del país a pesar de que nuestra estructura de costes es más cara, por ejemplo el suelo.
• La forma de equilibrar los precios está vinculada a una política de vivienda gubernamental que permita la introducción en el mercado de viviendas a precio tasado y garantice el acceso al número más amplio posible de familias, involucrando a la iniciativa privada en esa tarea.
• Si fuera responsable de la política de vivienda lo primero que haría sería derruir el castillo burocrático que la rodea. Dejaría de hacer de la vivienda un activo a proteger y protegería a quien la compra. En España el modo de entender los planes de vivienda es segregacionista. Obliga a distribuir la población por su condición social. Eliminaría la Calificación de las viviendas, que genera toda una suerte de papelería que determina cómo tienen que ser las viviendas para pasar a cómo tienen que ser quienes las compran. Eso significaría al menos un año de ahorro inicial.
• Por otro lado, instauraría el “cheque vivienda”: el perfil de las familias que pueden acogerse a las viviendas protegidas está ya determinado, pues sólo bastaría con que esa familia recibiera un documento que acredita que tiene derecho a determinadas subvenciones y acuda al mercado en busca de la que cuadra en su capacidad de compra.
• Para eso claro que tendría que actuar paralelamente motivando al mercado y para eso está el Plan de Viviendas.
• Establecería un marco de relaciones permanente con los interlocutores del sector desde la perspectiva de la gestión y ejecución de los planes.

-Usted apoyó en su día fervientemente la Ley del Suelo, ¿por qué? ¿No existen, como dicen algunas voces desde Lanzarote, una serie de peligros añadidos con esta norma?

 -La apoyé porque abordó el cambio desde la autocrítica y el reconocimiento: sin abandonar el objetivo del necesario equilibrio entre el progreso y la conservación de los recursos naturales, reconociendo la inoportunidad de intervenir en la economía a través de la ordenación del territorio, así como el lastre que ha supuesto para el desarrollo de Canarias la multiregulación en esta materia. Adoptó criterios de simplificación y racionalización para adaptarse a una realidad que, hasta el momento, ha estado ausente en la regulación del territorio, que no da respuestas ágiles a los procesos de cambios y que la burocracia asfixia, sin renunciar al legítimo y razonable objetivo de ser sensible con la fragilidad del territorio, aborda y resuelve problemas reales. Además esclarece las competencias entre Cabildos, Ayuntamientos y CCAA, así como “devuelve” el protagonismo a los dos primeros en relación a las mismas acortando así procedimientos y estableciendo relaciones sin injerencia interadministrativa. Y por el principio de contención y la anulabilidad de pleno derecho que se resucita y se aplica a las técnicas de planificación cuando éstas pretendan ir más allá de lo estrictamente necesario, estableciendo en la Ley límites precisos a esa tentación que desbloqueará proyectos e incentivará iniciativas. En cuanto a los supuestos peligros es tanto como decir que no se construyan carretas para que no haya accidentes.

-¿Se está aplicando debidamente?

 -En este momento se está en fase de desarrollo reglamentario y de adaptación por parte de Ayuntamientos y Cabildos. No se podrá valorar su puesta en marcha hasta pasados dos años, aún cuando en 2019 podríamos empezar a poder hacer alguna evaluación o seguimiento.

-En el caso de Lanzarote, ¿qué ocurre con los desfases de planificación? ¿Impiden realmente el desarrollo insular? ¿Qué ocurre con Patrimonio?

 -Estas preguntas pueden contestarse de manera colectiva. Es evidente que sí, Canarias ha perdido oportunidades y no sobrellevó mejor la crisis económica porque el ordenamiento jurídico en materia del territorio no sólo ha sido excesivo sino contradictorio e inviable, cargado de prejuicios. En Lanzarote el problema de desfases de planificación están más o menos a la par que en otras partes del territorio, pero agravado en extremo por un problema de inestabilidad y judicialización política, En cuanto a la recuperación del patrimonio hay que diferenciar entre el patrimonio público y el privado. Cuando se trata de viviendas o edificios con múltiples propietarios privados el tema se complica aunque aquí la solución pasa por la valentía municipal de generar ordenanzas que obliguen al deber de conservación que tienen los propietarios en la Ley del Suelo sancionando o instando a abordar la rehabilitación. Pero claro, entra en juego si los propietarios tienen o no capacidad para abordarla y en esto el Ayuntamiento correspondiente se metería en un lío porque ante la inactividad del propietario tendría que abordar por sí esa rehabilitación. Para esto cabría la posibilidad de coordinar a propietarios y promotores abordando éstos últimos la responsabilidad de inversión con la contraprestación de la gestión o la compra. Si es público, pasa por captar recursos externos que los hay: por ejemplo en el Plan de Vivienda, en las convocatorias del Ministerio de Fomento en materia de Regeneración y Renovación urbana que puede vincularse a la recuperación de patrimonio histórico y regeneración de áreas determinadas, etc.

En cuanto a las obras a impulsar por supuesto vivienda, carreteras, infraestructuras hidráulicas, turísticas, educativas, sanitarias, medioambientales, etc. En cuanto a impulsar la iniciativa privada, me conformo con que nos dejen trabajar. Ya estamos motivados.

-¿Está su sector a favor del alquiler vacacional?

 -Estamos a favor de la economía de mercado que propugna y protege la Constitución española. El alquiler vacacional está aquí y va a quedarse. Por tanto, en vez de poner puertas al campo hay que adaptarse. Es evidente que esta actividad ha surgido de manera informal y hay que encauzarla en el puzle de la estructura económica en las mismas condiciones que el resto de operadores. Es una actividad económica y debe estar regulada. Además hay que prepararse para su impacto en el mercado. Ya está produciendo dos fenómenos: escasez o carencia ya de viviendas en alquiler tradicional, el de vivienda habitual y el encarecimiento de los alquileres. Ya hablamos de la forma en que esto puede equilibrarse desde la política de vivienda.

-¿Cómo se puede solucionar el problema de las llamadas ‘empresas subasteras’ especializadas en acudir a los concursos oficiales a la baja?

 -Valorando las obras por lo que cuestan y no por el dinero de que dispongo, introduciendo elementos correctores en los Pliegos de Condiciones mediante fórmulas polinómicas que penalicen las ofertas desproporcionadas, haciendo uso de las herramientas que otorga la Ley a quien adjudica de calibrar si la oferta permite la ejecución del contrato, con voluntad política y sentido común.