Mario Pérez defiende su gestión en Inalsa
Ha sido citado a declarar en los Juzgados el 18 de mayo como investigado
Lancelot Digital
El actual director insular de Educación, Mario Pérez, ha defendido este jueves su gestión en Inalsa, empresa pública de aguas de la que fue consejero delegado, tras haber sido llamado a declarar en los Juzgados el próximo 18 de mayo como investigado.
"Efectivamente he sido citado a declarar en relación a Inalsa. Lo haré desde el convencimiento de colaborar con la Justicia en la que creo firmemente y en la convicción de demostrar que nuestra gestión fue realizada antendiendo única y exclusivamente al interés general de los lanzaroteños", ha señalado Pérez en su perfil de Facebook.
Hay que recordar que este procedimiento judicial en el que se investiga la gestión que llevó a la empresa pública Inalsa a la ruina y a su privatización parte de una denuncia presentada en 2013 en Fiscalía por Alternativa Ciudadana, que está personada en la causa como acusación particular.
La denuncia presentada por el sindicalista Andrés Barreto como representante de Alternativa Ciudadana afecta a tres consejos de administración de Inalsa, desde el año 2006 al 2013, momento en que se presentó la denuncia. Por lo tanto, afecta las presidencias del Cabildo de Inés Rojas y de Manuela Armas y, de manera tangencial, a la de Pedro San Gines.
Se da la paradoja que en la época de Mario Pérez como consejero delegado se rebajó la deuda de 24 a cuatro millones, que posteriormente en la época del PSOE-PIL, con Manuela Armas, se volvió a disparar hasta casi los 50 millones, no quedándole más remedio que pedir que fuera intervenida mediante un concurso de acreedores.
En la época de Mario Pérez, según se recoge en la prensa de que aquel entonces, de los cuatro ejercicio, dos se consiguieron beneficios y otros dos Inalsa terminó en pérdidas, sobre todo por no obtener uno de esos años la famosa subvención a la producción de agua desalada. También logró en su gestión sacar a la luz el fraude que cometían unos 500 usuarios enganchados a la red pública sin pagar la factura de consumo o reducir la plantilla en una treintena de trabajadores, uno de las principales cargas de Inalsa. Ademas, realizó un estudio comparativo contra desaladoras del Estado Español donde se demostraba que el coste salarial era extremadamente excesivo, tanto por el número de trabajadores como por los altos salarios, ademas de reflejar la poca cualificación profesional de una gran parte de aquella plantilla.
No sólo los consejeros delegados de Inalsa y sus gerentes, sino también todos los miembros de esos tres consejos de administración han sido denunciados y por lo tanto también investigados. De momento ha declarado ya Plácida Guerra como consejera Delegada y Rafael Elorrieta, como gerente, en la época que presidía el Cabildo y el Consorcio del Agua la socialista Manuela Armas.
