Martes, 07 Abril 2026
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Pérez asegura que tanto el Plan General de Haría como el de otros siete municipios canarios vuelven a tomar vigencia 

 

Lancelot Digital

 

La satisfacción en el seno del Ayuntamiento de Haría y del Gobierno de Canarias, al conocer la noticia de que el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló el Plan General de Ordenación del municipio norteño, no se ha hecho esperar. En este sentido se ha manifestado el que fuera secretario insular de CC en Lanzarote y actual viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez.

 

“Estamos muy satisfechos con esta respuesta del Tribunal Supremo porque no sólo afecta al municipio de Haría, sino que afecta a ocho municipios en Canarias, a municipios como Santa María de Guía, Gáldar, Valsequillo, el propio Haría y tres o cuatro más”, señala Pérez, explicando que los planes anulados afectan todos a la provincia de Las Palmas y no a la de Tenerife. “Los ocho ayuntamientos y el Gobierno de Canarias presentamos un recurso conjunto porque el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas nos exigía que tuviéramos para esos ocho planes municipales un instrumento llamado 'Evaluación Ambiental Estratégica', y nosotros manteníamos que no era necesario para ninguno de esos planes, que es precisamente lo que nos viene a ratificar al Tribunal Supremo”, señala Pérez.

 

Las consecuencias son evidentes. “Al darnos a la razón a los ocho ayuntamientos y al Gobierno de Canarias, no se anula ninguno de los planes que siguen en vigor, y el Tribunal Supremo le ordena al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que retrotraiga sus actuaciones, por lo tanto que no anule los planes y que, por supuesto, no puede utilizar el argumento de no tener la 'Evaluación Ambiental Estratégica,' sino que con la Evaluación Ambiental que ya se había hecho en cada uno de los planes era más que suficiente”, apunta Mario Pérez. “Los ocho planes no sólo no se anulan sino que vuelven a tomar vigencia”, insiste.

 

Pérez destaca el hecho de que la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas sea totalmente diferente a la del Tribunal Superior de Justicia de Tenerife. “Mientras en Tenerife se mantiene la misma posición que el Gobierno de Canarias y que, ahora, el Tribunal Supremo, en el caso de Las Palmas están obligados a cumplirlo porque así lo determina el Tribunal Supremo”, concluye.

 

 

 


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