Moncloa afirma que la propuesta de considerar a La Graciosa como octava isla debe partir del Gobierno de Canarias

El Gobierno central responde a los gracioseros que debe ser el Ejecutivo regional quien apruebe la iniciativa en su parlamento autonómico y la remita a las cortes generales para su debate

Lancelot Digital
Foto: Archivo Lancelot

El departamento de comunicación con los ciudadanos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España ha respondido a los vecinos de La Graciosa que la propuesta de considerar a La Graciosa como octava isla debe partir del Gobierno de Canarias, previa aprobación en su parlamento autonómico, y ser remitida a las cortes generales para su debate.

Así consta en un escrito remitido desde La Moncloa, después de que una delegación graciosera entregara allí 18.500 firmas el pasado mes de mayo, después de reunirse también con   los diputados de PP, PSOE y CC, Francisco Cabrera, Sebastián Franquis y Ana Oramas, “Es la primera institución que nos ha respondido por escrito”, señala Miguel Páez.

Desde el Gobierno central afirman que “al presidente no le corresponde la potestad de ejercer la iniciativa de reforzar el Estatuto de Autonomía de Canarias”, así como se apunta que “tampoco está prevista la intervención de la Presidencia del Gobierno en la puesta en marcha en La Graciosa de una entidad territorial inframunicipal, que debería atenerse, en todo caso, a la legislación canaria que desarrolle la normativa básica de Régimen Local”.

En cuanto a la propuesta de otorgar a La Graciosa de un presupuesto propio, acercar a los ciudadanos de la isla los servicios a los que se ven privados al estar separados de Lanzarote por un brazo de mar, y consolidar el funcionamiento del Consejo de la Ciudadanía como una herramienta para la gestión participativa de lo público, desde Presidencia del Gobierno central afirman que “el ordenamiento jurídico básico posibilita que la entidad local, en este caso Teguise, adopte a su criterio formas de gestión descentralizada y establezca diversas vías y cauces de participación ciudadana en la gestión municipal”.

Por otro lado, en cuanto a la petición de que se le devuelva la propiedad de la isla al municipio de Teguise, en el escrito enviado desde Presidencia del Gobierno se informa de que, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde La Graciosa “no se acredita suficientemente la existencia de causa de utilidad pública o interés social que legitime privación de las propiedades privadas que existan en la isla a favor de dicho municipio”.

Asimismo, se responde a la delegación graciosera que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo ha sido aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canariasy que su modificación, por lo tanto, deberá efectuarse en los términos previstos en la normativa medioambiental de Canarias.

Finalmente, respecto a la solicitud de que se cree un consorcio, del que formen parte las cuatro administraciones con competencia en la isla para la gestión integral de La Graciosa y los islotes que forman el Archipiélago Chinijo, el Gobierno central destaca que, “en el ámbito local, la constitución de este ente “está prevista como una de las formas bajo las que puede articularse la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común”.