Montelongo reclama los 250.000 euros presuntamente malversados en el caso Proselan
Trabajadores del Consistorio coinciden en señalar que los trabajos de electricidad en las fiestas de los barrios los realizaban "los propios empleados municipales"
Yolanda Téllez
Fotos: Jesús Betancort
El alcalde de Arrecife ha reclamado este martes en los Juzgados los 250.000 euros presuntamente malversados de los fondos del Ayuntamiento capitalino en favor del empresario José Daniel Hernández y su empresa de electricidad Proselan en el juicio por esta pieza del caso 'Unión' que, tras una primera sesión este lunes, se reanudó hoy martes, con las declaraciones de los testigos. José Montelongo ha recordado que en 2009, cuando él era concejal de Deportes, se acordó en Junta de Gobierno suspender los pagos que quedaban por abonar a dicha compañía "al haberse detectado facturas que no estaban claras". "Se hablaba de trabajos que presuntamente no habían sido ejecutados, creo recordar", ha apuntado el alcalde de la capital, que ha precisado que entonces se inició un expediente para que se reintegrara el dinero.
Durante su declaración, el fiscal Ignacio stampa recordó que Montelongo está imputado en otra causa "por hechos similares". "En las mismas fechas, en Carnaval, aunque por otra empresa", precisó, de forma que el juez le permitió acogerse a no responder a alguna cuestión si consideraba que le podía perjudicar, a pesar de que los testigos están obligados a contestar a todas las preguntas. Lo mismo ocurrió con hasta otros tres testigos, también imputados en otras piezas del caso 'Unión', aunque todos ellos contestaron a todas las cuestiones planteadas.
Ahora, tras las declaraciones de los imputados este lunes y las de los testigos este martes, tan sólo quedan las de los peritos y las conclusiones finales, que tendrán lugar el próximo 11 de diciembre. Hay que recordar que en la primera sesión, el ex concejal de Hacienda y Urbanismo, José Miguel Rodríguez, reconoció haber podido beneficiar a terceros" con su firma por trabajos que ni siquiera cree que se realizaran, mientras que los otros tres acusados, el ingeniero jefe de la Oficina Técnica, Juan Rafael Arrocha, el interventor del Ayuntamiento, Carlos Sáenz, y el empresario José Daniel Hernández negaron los hechos.
"No se contrataba a empresas externas para las fiestas de los barrios"
Significativas fueron las declaraciones este martes del coordinador de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife y un trabajador de la Concejalía de Alumbrado Público del Consistorio, José Nieves (Fefo) Caraballo y José Morales Padrón, quienes coincidieron en señalar que los trabajos de electricidad en las fiestas de los barrios los hacían "los propios empleados municipales", no contratándose para ello a ninguna empresa, siendo así sólo para festejos más grandes como los Carnavales o San Ginés. En este sentido, los dos trabajadores del Consistorio pusieron de manifiesto ante la sala, como ya se hizo en la primera jornada, que fiestas como las de Chaxiraxi de Argana Baja o las de San Francisco Javier, en las que presuntamente José Daniel Hernández realizó trabajos en 2008, "se celebran dentro de la sociedad" con la "propia iluminación" de éstas. "No hace falta nada más", manifestó el trabajador de la Concejalía de Alumbrado Público. Respecto a los festejos de otros barrios, precisaron que, como mucho, se necesita un cuadro de palancas que instalan "los propios trabajadores del Ayuntamiento" y "un generador", que pone "la empresa encargada del sonido".
En el caso de Fefo, que fue quien descubrio "las facturas" a favor de José Daniel Morales en la Concejalía de Festejos, señaló además que "no tiene por qué contratarse a más empresas para el mismo trabajo" y que la seguridad nocturna en las fiestas antes "la hacía el Ayuntamiento". "Sólo desde hace dos años la realiza la empresa a la que se adjudica la electricidad", aseguró al ser preguntado por esta cuestión por el fiscal, dado que el propio José Daniel Hernández manifestó que él mismo hizo la vigilancia en los trabajos que prestó para el Consistorio en los distintos festejos de los barrios. Por su parte, el electricista del Ayuntamiento tachó de "desproporcionados" los importes de las facturas de Proselan, pues afirmó que los trabajos de electricidad en las fiestas de los barrios suelen ser de unos "1.000 ó 2.000 euros".
Sus declaraciones, sin embargo, chocaron con la de otro empleado del Consistorio, en este caso un oficial electricista, que aunque reconoció "no encontrar ningún parte de trabajo", afirmó que "sí se contrataba externamente para las fiestas". Eso sí, aunque manifestó conocer al dueño de Proselan y señaló que "posiblemente" hiciera algún trabajo para el Ayuntamiento, ha dicho desconocer cuáles.
Otras dos empleadas del Consistorio, en este caso Sandra Leticia, interventora accidental en 2014, y Sheila Díaz, trabajadora del departamento de Contratación desde 2012, pusieron de manifiesto la inexistencia de documentación sobre Proselan, como ya hicieron en sus respectivos informes. "No constaban propuestas de gastos a nombre de Proselan", apuntó la segunda, asegurando que "sí existían tenían que haberse encontrado. "No constaba nada de la empresa", destacó la primera, eso sí, aclarando que no tenía un CIF ni nada para realizar la búsqueda, sino tan sólo un nombre y que, con ello, no podía certificar que Proselan hubiera realizado operaciones contables.
El tesorero: "Sólo me llegaba la orden de pago"
De hecho, aunque el interventor del Ayuntamiento, Carlos Sáenz, afirmó que los expedientes estaban "completos", el tesorero del Consistorio, que en principio estuvo imputado en la causa, archivándose posteriormente las actuaciones contra él, declaró que a él "sólo" le llegaba "la orden de pago" firmada por el concejal. "Sólo me llegaba la última hoja", añadió Antonio Cabrera Panasco, destacando que fue una práctica "habitual" en el Consistorio en 2008. Por ello, dijo no ver "nada normal ni anormal" en los pagos y no haber advertido sobre los mismos aunque, ahora, cree que los trabajos presuntamente realizados por el dueño de Proselan, en caso de que se hubieran realizado, no se pueden calificar de obras. "Son servicios, en mi opinión, o como mucho un contrato mixto", manifestó.
De esta forma, se volvió poner en tela de juicio el hecho de que los mismos fueran adjudicados de manera directa pues, en caso de ser servicios, no podían superar el límite legal de 18.000 euros, algo que niegan los acusados, que defienden que eran obras, estando en este caso el límite en 50.000 euros. "Es difícil distinguir obras y servicios en algunas casos", apuntó al respecto Elena Martín, entonces trabajadora del departamento de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife.
En cualquier caso, ninguno de los testigos pudo confirmar que José Daniel Morales hiciera trabajos para el Consistorio capitalino. Ni siquiera los presentados por las defensas de los imputados. Y es que, los empresarios del sector o funcionarios de otros ayuntamientos que han declarado se han limitado a señalar que José Daniel Hernández había realizado trabajos para otros consistorios como el de San Bartolomé, desconociendo si los había prestado en el caso de Arrecife. "No me consta oficialmente", dijo uno de los testigos.
En la vista de este martes también declararon el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, como dueño de la empresa de electricidad Leyce, y el de Inelcom, Carlos Enrique Lemes, que destacaron que cuando ellos hacen trabajos no hacen una factura por montaje y otra por desmontaje, como el propio José Daniel Hernández reconoció que hizo "por error" porque se lo recomendó su asesor. En el caso del propietario de Inelcom, aunque afirmó haber trabajado "alguna vez" en fiestas de barrios como Valterra, Altavista o Titerroy, dijo no recordar haber coincidido con el dueño de Proselan en ningún caso.
Por último, también declaró un perito de Hacienda, que expuso el informe que hizo en su día a solicitud del Juzgado, en el que destacó "una relación sospechosa" entre José Daniel Hernández y el interventor del Ayuntamiento de Arrecife "a efectos económicos". En este informe, se manifestaba que José Daniel Hernández declaró que había cobrado 230.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife, que sacó de su cuenta bancaria "al día siguiente" de cobrarlos, sin que la Agencia Tributaria supiera "dónde fueron". La mayor parte de la facturación que se detectó era del Consistorio capitalino, aunque también había vinculaciones del empresario con San Bartolomé. Eso sí, no constaba "personal, ni vehículo, ni local" de Proselan.
