REPORTAJE. Nueva luz en el conflicto hotelero
El informe del catedrático Luciano Parejo puede ser el pistoletazo de salida para la regularización de los establecimientos con licencias anuladas por la Justicia
Lancelot
Fotos: Kepa Herrero
Un nuevo camino jurídico podría abrirse para el conflicto hotelero. La regularización de los hoteles con licencias anuladas podría estar cerca, gracias al informe jurídico que ha elaborado el catedrático de derecho administrativo de la Universidad Carlos III, Luciano Parejo, que forma parte el equipo multidisciplinar del equipo redactor de la segunda revisión del PIOT., José María Ezquiaga. El documento se basa en dos ideas principales: la necesidad de suspender el planeamiento cautelarmente para aligerar la ejecución de las sentencias y que esto sólo corresponde a los tribunales que las dictaron y no a las administraciones. Con estas premisas, se pretende seguir entre todos una nueva hoja de ruta consensuada para terminar con uno de los problemas que atenazan el sector turístico de la isla.
El informe de Luciano Parejo podría arrojar luz al conflicto hotelero si el próximo grupo de gobierno lo asume como hoja de ruta. Por ahora, lo que ya ha hecho el actual presidente, Pedro San Ginés, es adoptar dos decisiones: la primera, no aprobar ninguna iniciativa legislativa como la que impulsó el PSOE en el 2009, “pues son los jueces los que tienen que ejecutar las sentencias y no las administraciones”, según el dictamen.
En el informe se desaconseja “aprobar una iniciativa legislativa en este sentido, por lo que no lo haremos, ni con consenso ni sin él”, aseguraba en el Consejo de la Reserva San Ginés. Además, tampoco se sacarán adelante en este mes de legislatura los planeamientos que actualmente se elaboran: “A no ser que exista consenso para regularizar la planta alojativa, tampoco se aprobarán inicialmente ni la segunda revisión del PIOT ni el PTE, pues no sería ético ni estético que se hiciera a un mes de las elecciones: tiene que ser el grupo de gobierno que coja las riendas del Cabildo el 22 de mayo el que lo haga”.
El dictamen
En primer lugar, el catedrático de derecho urbanístico asentó las bases del conflicto hotelero, explicando que los más de 20 hoteles con sentencias condenatorias carecen de permiso para abrir: “Las licencias son ilegales, están anuladas. La situación jurídica es que no existen estos permisos, los establecimientos no tienen cobertura del ordenamiento para funcionar”.
Con esta premisa en la mano, Parejo explicó ante el Consejo de la Reserva los motivos por los que estos establecimientos carecen de licencia. Y al hacerlo, desmontó una de las teorías del PSOE, al recordar que los motivos de las anulaciones son fallos formales y no de fondo.
“El análisis de todas y cada una de estas sentencias revela que ninguna de ellas entra a conocer los motivos de fondo que han sido analizados con detalle en esta iniciativa legislativa”, aseguraba Parejo, haciendo referencia al texto elaborado por los técnicos del Cabildo en el 2009 y presentado en el Consejo de la Reserva cuando gobernaba el PSOE en solitario.
Una propuesta que, si bien está bien fundamentada, Parejo desaconsejó: “Su calidad técnica es irreprochable pero el problema radica en que la ejecución de las sentencias no depende de las administraciones, sino de los jueces”.
Informe no vinculante
Respecto al informe de compatibilidad con el PIOT, Parejo considera que éste no es vinculante, como siempre han defendido los técnicos y servicios jurídicos de la Primera Corporación. El argumento: que no es esta institución la que tiene las competencias urbanísticas, sino los ayuntamientos de los municipios en los que están construidos estos hoteles: Yaiza y Teguise.
“Si fuera verdad que este informe es vinculante, el Cabildo debería tener un arma para hacerlo valer sin necesidad de ir a los tribunales pero ha tenido que acudir a ellos porque el ordenamiento español no permite este tipo de invasiones en la autonomía, sea ésta lícita o ilícita”, aseguró Parejo.
Suspender los planes
Para comenzar a solucionar este conflicto, habrá que suspender algunas partes del PIOT del 91, especialmente con los objetivos de cimentar la seguridad jurídica y que los fallos se puedan ejecutar lo antes posible. “No sería una suspensión de todo el Plan sino sólo de lo que sea necesario, es decir, de los aspectos que se opondrían a los criterios imprescindibles para ejecutar las sentencias”.
Con esta acción no se crearía un vacío legal, pues estos criterios “quedarían definidos por unas normas transitorias que se pueden crear de acuerdo con la ley canaria”. De hecho, sería el Consejo del Gobierno de Canarias el que se encargaría de todos estos trámites, siempre tras la petición de la Primera Corporación insular.
Gracias a estas suspensiones y modificaciones en el Plan Insular de Ordenación Territorial, el posicionamiento del Cabildo sería más fuerte: “Cuando se pida la ejecución de la sentencia, el condenado también ejercerá sus derechos y ofrecerá resistencia, por lo que hay que preparar todo para que la ejecución se lleve a cabo con las máximas garantías”.
Una de estas pegas podría ser, por ejemplo, la ausencia de un límite de camas que esté vigente. “Hay que evitar que los condenados discutan si existe o no un techo alojativo, que está establecido hasta el año 2002 como máximo. Por lo tanto, los dueños de los establecimientos pueden criticar que se esté imponiendo un límite de camas cuando no lo hay. Para evitar esto, se suspendería ese precepto en el PIOT y se fijaría un criterio de crecimiento actual”, explicaba el catedrático.
Ceder competencias
Si esto se lleva a cabo, entrarían en juego también los consistorios de Yaiza y Teguise, los municipios en los que se concentran estos hoteles. “Si los ayuntamientos transfieren sus competencias, el Cabildo se transformaría en la administración obligada al cumplimiento de las sentencias, la encargada de vigilar que se ejecuten”.
De esta manera, se podrían dar los pasos necesarios respecto a la regularización de los establecimientos, dando cuenta puntual a los tribunales de cada acción que se tome, con el objetivo de que los jueces digan si éstas son correctas o no, y cómo tienen que ser”.
Los pasos consistirían en “fijar el criterio de interés público que se va a aplicar, siempre contando con la aprobación del tribunal que sentenció”. Estos criterios serían “o bien demoler porque la regularización no es admisible” o bien “que el condenado construya un espacio verde para evitar la congestión de la zona” o bien que “se compense económicamente al resto porque en la zona no puede haber más aprovechamiento debido a que su establecimiento lo ha consumido todo”.
Para Parejo, éste es el procedimiento correcto, pues con la iniciativa legislativa propuesta hace dos años por el PSOE, “se estaría hablando de una ley con procedimientos administrativos de legalización que las partes interesadas podrían discutir, lo que sería más complejo procesalmente”.
__________________________________________________________________
Los pasos de la solución
1.- Suspender algunos aspectos del PIOT de 1991. Lo haría el Consejo del Gobierno de Canarias a petición del Cabildo.
2.- Crear unas normas transitorias para definir los criterios suspendidos. Se haría en el caso, por ejemplo, de definir los techos de crecimiento.
3.- Transferir las competencias al Cabildo para que éste se encargue de que se cumplan las sentencias. Los ayuntamientos de Yaiza y Teguise cederían este papel a la Primera Corporación aunque siempre serían los jueces los que ejecutaría los fallos.
4.- Fijar el criterio de interés público que se va a aplicar. Lo haría el Cabildo pero siempre contando con la aprobación de los tribunales. Demoler parcial o totalmente, compensar al interés general mediante la creación de zonas de uso público o indemnizaciones económicas a otros empresarios son algunas de las opciones.
5.- Dar cuenta puntual a los tribunales de cada paso que se dé encaminado a la regularización.
__________________________________________________________________
El PSOE se defiende
El PSOE aprovechó el Consejo de la Reserva para justificar su estrategia hotelera y poner en tela de juicio los intereses de San Ginés, que les acusó a su vez de atemorizar a la opinión pública.
Manuela Armas, portavoz del PSOE en el Cabildo: “El presidente anuncia con tono apocalíptico que el informe de Parejo supondrá un antes y un después, pues removerá los cimientos de la estrategia jurídica del Cabildo, plagada de errores. Pero ¿a qué estrategia se refiere? ¿A la que ha ganado todos y cada uno de los pleitos interpuestos y que han seguido desde hace más de 10 años los distintos presidentes del Cabildo?
Carlos Espino, consejero del PSOE en el Cabildo: “El dictamen de Parejo termina dando la razón a nuestra propuesta, al menos en cuanto a compensar y arbitrar mecanismos extraordinarios. El presidente me hace dudar sobre qué intereses son los que pone por delante, teniendo en cuenta que actualmente mantiene una parte importantísima de nuestra planta alojativa en franca ilegalidad”
Pedro San Ginés, presidente del Cabildo: “Cuando me refiero a un antes y un después en la estrategia del Cabildo, quiero decir que ahora habrá calma y un criterio técnico y jurídico, frente a la propaganda que se ha llevado a cabo estos últimos años por parte del PSOE, lanzando unos temores no sólo infundados, sino imposibles. El PSOE tardó dos años y medio en poner sobre la mesa una iniciativa legislativa que hicieron solos desde la perspectiva política, a hurtadillas del resto. En su día ya dije que me gustaba la música de las compensaciones al interés general en los casos en los que se hubiera conculcado el ordenamiento urbanístico. Y eso se encuentra recogido en este informe”.
Mario Alberto Perdomo, patrón de la FCM: “Actuaremos responsablemente en la búsqueda de soluciones, acudiremos a los foros de reflexión y debate, y seguiremos defendido todo por lo que hemos luchado hasta ahora; es decir, apoyaremos cualquier solución que no pase por la impunidad ni por el olvido de que ha habido una larguísima batalla que hemos ganado el Cabildo y todos nosotros”
__________________________________________________________________
Las conclusiones del grupo de gobierno
Sobre las sentencias
-La regularización en los casos en que sea posible se hará obligatoria y necesariamente desde el máximo respeto a las sentencias y de la mano de los jueces pues no existe otro modo de hacerlo.
-En los casos en los que no pueda legalizarse el establecimiento, no se descarta la demolición total o parcial del mismo.
-Ninguna de las sentencias se pronuncia sobre la conformidad o disconformidad con la ordenación urbanística.
-Todas las licencias son anuladas por motivos formales, lo cual no significa que no existan otras irregularidades urbanísticas pero sí que éstas no han sido juzgadas.
-Quienes hayan cometido algún tipo de incumplimiento urbanístico tendrán que compensar al interés general siempre que sea necesario, con igualdad de oportunidades para todos. No habrá amnistía
Sobre los informes de compatibilidad del PIOT
-Haberles dado carácter vinculante resulta inconstitucional por invadir competencias propias exclusivas de los municipios. Según el informe, no cabe otorgarles tal carácter, ni cupo nunca.
Sobre el techo de crecimiento
-El informe establece de forma palmaria la no vigencia de la programación y ritmos de crecimiento contenidos en el PIOT desde el 2002, por causa intrínseca a la propia norma. Interpretar lo contrario carece de base jurídica.
-Desde la perspectiva del PIOT no existe ningún límite en vigor al crecimiento de camas en los núcleos turísticos o al menos existe un vacío jurídico al respecto.
Sobre la iniciativa legislativa
-La ejecución de las sentencias corresponde al órgano judicial que las emitió y no a la Administración pública.
-Hay que dar cuenta de todos los pasos que se den para el restablecimiento de la legalidad al órgano judicial competente que emitió el fallo, que tendrá siempre la última palabra.
-El informe desaconseja por completo la iniciativa legislativa por inapropiada.
Posibles soluciones
-Se propone y recomienda la suspensión parcial del PIOT por parte del Consejo de Gobierno de Canarias a instancia del Cabildo, así como la simultánea aprobación de normas sustantivas de ordenación aplicables transitoriamente en sustitución de las suspendidas. De esta manera, se podrán ejecutar de manera inmediata las sentencias bajo la vigilancia de los jueces.
