Nueva vista por el caso de los ancianos de Argana
El procedimiento que se sigue en los Juzgados por el supuesto contrato de venta de las casas entre la Iglesia y la empresa Juan Antonio Rivera ha quedado visto para sentencia
Lancelot Digital
Una nueva vista se celebró este jueves en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arrecife por el asunto de los ancianos de Argana que viven en las casas que la Iglesia vendió, en este caso por la demanda que la defensa de Sinforiano y Pilar puso contra la Diócesis de Canarias y la empresa Juan Antonio Rivera en 2014 tras conocer el contenido del contrato de venta, en el que se estipulaba que el matrimonio podría seguir en la vivienda hasta su fallecimiento o que la empresa tendría que realojarles en una casa similar. Este procedimiento es distinto al que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número 4, el cual ya fijó el desahucio de los ancianos para el 10 de marzo.
Según ha trasladado Andrés Medina, ex presidente de la Asociación de Vecinos de Argana Alta y representante de la familia, el caso ha quedado visto para sentencia tras este juicio en el que, según asegura, "se han echado la pelota unos a otros". Según afirma, el abogado de Juan Rivera mantuvo que el documento "era un compromiso privado, que nada tenía que ver con la venta", manifestando que, de hecho, "no había habido denuncia alguna en cinco años ni por parte de la Diócesis de Canarias ni de los ancianos". "Juegan además con las palabras, que si en el documento pone que puedan seguir o que podrían realojarlos", señala. El abogado de la Diócesis, por su parte, "echó la culpa a la empresa", afirmando también que "no era un documento público". Por parte de la defensa de los ancianos se pide que se cumpla dicho contrato y se les deje permanecer en su vivienda hasta su fallecimiento o se les realoje en otra hasta el mismo. Durante la vista, según apunta Medina, el juez echó un "rapapolvo" al cura que actuó como intermediario en la venta de las casas por "tardar cuatro meses" en responder a un requerimiento del Juzgado.
Hay que recordar que el supuesto contrato fue hecho público en mayo de 2014 por el vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera González, un día antes de que los ancianos fueran a ser desahuciados. La aparición del documento hizo que el juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 paralizara entonces el mismo, aunque recientemente fijó la nueva fecha para su desahucio. La empresa Juan Antonio Rivera-Iveco dará una rueda de prensa este viernes.
